La aprobación por pleno del plan acústico para las plazas Tetuán y la Muralla Liberal tiene visos de convertirse en el enésimo episodio de confrontación entre el bipartido y la oposición, con la incógnita de Castelló en Moviment, cuya actual posición va más en la línea de lo que defienden tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Esto es, que antes de aprobar definitivamente el documento se escuche primero a los hosteleros perjudicados, a los que, en el momento de aplicarse la medida, se les reducirá en un 20 % el número de mesas y sillas en la vía pública, viéndose además obligados a adelantar la hora de cierre a las 12 de la noche (ahora es a la 1 de la madrugada).

No obstante, la entrada en vigor de la ordenanza acústica no será una cuestión de días. Probablemente tampoco de semanas, pero sí de meses. Ayer, la Junta de Gobierno Local validó la modificación, con las consiguientes limitaciones, para las zonas afectadas. «Se trata de una decisión técnica, no política», precisó la portavoz, Verònica Ruiz, quien explicó muy por encima los plazos. Tras el paso de ayer, el plan se someterá ahora a exposición pública durante 30 días. Después, dependiendo de la existencia o no de alegaciones, se elevará al pleno más cercano en el tiempo.

Tanto para CSeM como para el PP y Cs existen algunos aspectos del informe técnico que merecen un profundo estudio y debate interno. No sólo entre los propios partidos políticos para buscar un consenso en el Ayuntamiento de Castelló, sino también con las partes implicadas, ya que únicamente se toma en consideración a una de ellas por las denuncias vecinales. En este sentido, el portavoz de la formación asamblearia, Xavi del Señor, advierte que «no estamos para convertir Castelló en una ciudad muerta», en clara alusión a la necesidad de conocer la postura de los propietarios de los bares y restaurantes.

«Tenemos que ver cómo se han hecho las mediciones y cómo se van aplicar las medidas. Hay que estudiar con detalle el plan y ser previsores, porque el mismo problema nos lo podemos encontrar más adelante en otras zonas de Castelló», vaticina.

La representante popular, Begoña Carrasco, incide en que «hay que analizar y mucho el documento. Es necesario dialogar con los hosteleros para saber cómo les pueden afectar las restricciones. Si tendrán pérdidas y las consecuencias con posibles despidos. Hay que sentir a las dos partes antes de aprobar el plan acústico», reitera.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Manuel Paduraru, también se suma a la idea de que hubiese sido más acertado lo que califica como una «solución negociada» entre los hosteleros y los vecinos. «El bipartito está reproduciendo los mismos errores que se dieron en la zona de las tascas. Se debe atender las quejas vecinales, pero también garantizar que no se perjudica a los negocios de la zona que generan empleo», añade.

En este contexto, Paduraru deja caer el riesgo de que, a raíz de la aprobación del plan acústico, se sucedan las denuncias de los hosteleros. Es una posibilidad que está ahí, sobre todo con los antecedentes del decreto que el Ayuntamiento de Castelló trató de impulsar en la plaza Tetuán en noviembre de 2016 y que los dueños de los bares paralizaron a través de una denuncia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2. Entonces, la magistrada suspendió cautelarmente la limitación horaria , hasta que se dicte sentencia.

Este proceso judicial, con independencia de su resolución final, no afectará a la ordenanza acústica. Como aclaró Ruiz, «son dos cuestiones totalmente diferentes. El decreto es una decisión de un concejal concreto y que tiene un carácter temporal, mientras que ahora estamos hablando de una ordenanza, cuya aplicación será permanente».