Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La comisión de fiestas aún no ha solicitado el informe jurídico tras un año en funcionamiento

Los grupos políticos intentan llegar a un acuerdo pero las diferencias entre el PP y los partidos del Pacte del Grau complican el consenso

La comisión de investigación de fiestas de Castelló mantuvo ayer una nueva reunión para debatir el informe de conclusiones que se ha de presentar al pleno municipal. Como se preveía, los grupos políticos finalizaron el encuentro sin llegar a ningún acuerdo, aunque se emplazaron a otra cita la próxima semana para acercar posturas. Por ahora, las diferencias entre PSPV, Compromís y Castelló en Moviment con el PP y Ciudadanos complican la aprobación por unanimidad del dictamen. En caso contrario, la mayoría de la comisión -probablemente con el visto bueno de PSPV, Compromís y Castelló en Moviment- presentarían un informe con votos particulares de los partidos que estuvieran en contra.

Según fuentes presentes, la reunión de ayer abordó de nuevo las conclusiones que cada grupo político redactó en mayo sobre la investigación realizada en la gestión de fiestas de 2008 a 2016. Las posiciones de cada uno continúan invariables, es decir, Castelló en Moviment, socialistas y Compromís están por la labor de llevar la gestión pasada a los servicios jurídicos municipales para que analicen si se produjo algún tipo de supuesto delito.

Desde el PP destacan que no se sumarán a un documento que apunte irregularidades pero indican que podrían aceptar un dictamen que hable de que hubo en algunos casos falta de rigor en la gestión festera, pero dejándose claro, añadieron, de que era así «porque los estatutos que se aprobaron por unanimidad en 1988 y que dejaban la organización en unos festeros que no tenían la infraestructura y la obligación de hacerlo así».

Castelló en Moviment entiende que se han localizado «indicios» de posibles delitos y que mantiene su intención por ello de llevar la investigación a los servicios jurídicos del ayuntamiento. Según las conclusiones de CseM, «los diferentes alcaldes y concejales dejaron la contratación, la fiscalidad, la fiscalización del gasto y los ingresos en manos del presidente de la Junta de Fiestas, una actividad totalmente irregular». Añade que «no se efectuó ningún control en el gasto ni en la contratación con entidades y empresas, pudiendo incluir estas contrataciones en posibles delitos de prevaricación».

Socialistas y Compromís consideran que «queda acreditado que los procedimientos de cobro e ingreso a la hacienda pública en relación al IVA no se ajustaron, en algunos casos, a los trámites previstos por la legislación vigente». «Se deduce que, pese a que se estaba actuando de manera ilegal, como era asumido y aprobado por todos los grupos políticos, en aquel momento pasaba a ser todo legal», argumentan. Por su parte, Ciudadanos cree que hubo una falta de control pero estima que «no se pude afirmar que se haya cometido ningún ilícito penal, pero en todo caso debería indicarlo un juez».

Compartir el artículo

stats