Con el lema «El Derecho Penal ante el nuevo terrorismo», la Universitat Jaume I (UJI) inauguró ayer un congreso con el objetivo de analizar los retos de la política criminal frente al cada día más globalizado y radicalizado fenómeno terrorista, con especial énfasis en sus repercusiones en el ámbito juvenil.
El congreso es una iniciativa del Centro de Investigación en Derecho Penal, Criminología e Inteligencia del campus de Castelló, y está dirigido a alumnos de Derecho y del Grado de Criminología, así como a profesores y profesionales, tanto desde la perspectiva jurídico-penal como e la ciencia política. «Los objetivos del congreso son poner de manifiesto el análisis de la reforma del Código Penal, aprobada en 2015, en relación a los procesos de radicalización y delitos de expresión», afirma Antonio Fernández, doctor del área de Derecho Penal de la UJI, director del congreso, junto a las catedráticas María Luisa Cuerda y Cristina Guisasola.
Uno de los expertos participantes en el congreso ha sido el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, José Luis González Cussac. El que fuera exvicerrector de la UJI pronunció una conferencia titulada «Contraterrorismo y Servicios de Inteligencia». González Cussac resaltó el nivel de la inteligencia española. «Creo que gran parte de los éxitos que se están teniendo en España en los últimos años, se deben a los servicios de inteligencia», puntualizó.
No obstante, el catedrático señaló que siempre es mejorable la coordinación. «Siempre que hay un atentando falla algo, pero ocurre que es imposible aspirar a una seguridad total y absoluta, Ningún país lo puede conseguir por más medios que dedique. Es imposible garantizar que no va a haber un atentado», aseguró.
El catedrático de Derecho Penal señaló que la legislación contraterrorista española «es muy avanzada, aunque también con muchas sombras». « Hay una serie de modificaciones de conductas periféricas, como el autodoctrinamiento y el reclutamiento, que pueden incidir en libertades fundamentales, como la ideológica, de expresión o asociación. Es decir, estamos criminalizando conductas que pueden invadir esos derechos», explicó.
El doctor Antonio Fernández abundó en esta idea. «Uno de los objetivos del congreso es profundizar en cómo la reforma del Código Penal, con lo nuevos tipos penales que el legislador ha introducido a efectos de poder dar una respuesta punitiva clara y preventiva al fenómeno terrorista viene afectando a derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica», aseguró.
Mientras, Carola García-Calvo Rosell, doctora e investigadora del programa Terrrorismo Global del Real Instituto El Cano, alertó de la importancia de prevenir los procesos de radicalización entre los jóvenes para evitar el auge del yihadismo en España.
