Los cetáceos han logrado vencer en la batalla que han mantenido década tras década con las grandes empresas de hidrocarburos con el Mar Mediterráneo como campo de batalla. El Gobierno, tras anunciarlo hace un año, sacó por fin ayer a información pública -por 30 días- el Real Decreto por el que se declara como Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, aprobando ya un régimen de protección preventiva y proponiendo su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) en el marco del Convenio de Barcelona.
Los datos científicos recabados durante todos estos meses han sido clave para dotar de una figura nacional de protección a una franja continua de aguas territoriales con una superficie calculada de unos 46.262 kilómetros cuadrados y de unos 85 kilómetros de anchura media, que discurre entre la costa catalana y valenciana, así como por el archipiélago balear. Y, por supuesto, queda dentro de su radio de acción la reserva marina de las Islas Columbretes de Castelló, donde según los últimos datos recogidos por el servicio de protección de las islas aseguran haber avistado más de 5.000 cetáceos en las últimas dos décadas, documentando incluso hasta ocho especies diferentes.
Uno de los aspectos fundamentales de esta Área Marina Protegida será la restricción de las prospecciones petrolíferas, así como una regulación especial del tráfico marino con el fin de no perturbar a los cetáceos en la época en la que realizan su paso migratorio. Estamos hablando, sobre todo, de rorcual común, los delfines mular, listado y común, el calderón común y el calderón gris, el cachalote y el zifio de Cuvier, así como de tortugas marinas como la tortuga boba.
El estudio en el que se ha basado este Real Decreto recoge la necesidad de proteger este entorno por concentrar gran diversidad de cetáceos y por ser «de especial relevancia como zona de paso migratorio de estas especies hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo».
Insisten en este sentido en que el ruido submarino puede comprometer la supervivencia de muchas especies y provocar «desorientación y varamientos masivos».
Por lo que respecta al régimen de protección preventiva, se aprueban varias medidas. La principal, no permitir el uso de sistemas activos destinados a la investigación submarina o subterráneo, tanto por sondas, aire comprimido o explosiones controladas, como por medio de perforación subterránea. Así mismo, queda prohibida cualquier actividad extractiva, eso sí, «salvo las relacionadas con permisos de investigación en vigor». Aclarar además que e este régimen de protección no se aplica a la actividad pesquera, que se regulará a través de su planificación específica.
Esta protección preventiva, según recoge el Real Decreto, se mantendrá en vigor hasta la aprobación correspondiente del plan de gestión, que se establece en el plazo máximo de tres años a contar desde el momento en el que este espacio marino se incluya en la lista Zepim.
Satisfacción desde WWF
Desde organizaciones conservacionistas como WWF no se oculta la satisfacción por este paso dado. Así, recuerdan la importancia de este espacio ya que el Mediterráneo noroccidental alberga más del 20% de las especies marinas a nivel mundial, entre ellas, doce especies de cetáceos incluidas en diferentes listados y catálogos de protección, tanto a nivel internacional como nacional.
La organización señala que la clave ahora es elaborar un buen plan de gestión, eficaz y coherente, para garantizar que este corredor se convierta en una realidad. Desde WWF estarán además al tanto durante el ámite de información pública, abierto durante 30 días en el Ministerio de Medio Ambiente, "para que la futura Área Marina Protegida sea un verdadero santuario para la vida marina".
