Los vecinos de una vivienda ubicada junto a la balsa de la Vila han criticado el estado en el que se encuentra el acceso a su hogar y las molestias y el peligro que supone no solo para ellos, sino para todos aquellos que transitan por un emplazamiento situado en la Cossa.

La vivienda está situada detrás de la balsa de la Vila. Para acceder a la parcela, según trasladan, hay dos accesos. El que utilizan en la actualidad, «según nos han dicho siempre», es propiedad de la comunidad de regantes, «que nos dejan entrar porque quieren». «Nos quitaron una valla, para utilizarlo debimos cortar la hierba y adecuarlo nosotros», señalan. A todo ello se suma la escasa visibilidad, por lo que ahora mismo se necesitaría otro espejo para ver a los vehículos que suben desde Onda.

Pero el acceso que los vecinos prefieren el que han utilizado desde hace años, que está ubicado junto a la antigua fábrica de hielo. Hace unos meses cayeron unos cascotes al camino, por lo que se colocaron unas vallas que, sin embargo impiden el acceso en vehículo a su propiedad. Se puede acceder a pie, pero supone un peligro. «Esto matará a alguien algún día", y es que "por aquí vienen incluso escolares a ver qué era la fábrica de hielo».

De todas formas, la inseguridad no termina aquí. «La acera termina en la curva», por lo que la gente que sube se expone a que la atropellen. «Si una mujer no se tira a la acequia, la hubiesen atropellado», recuerdan.

Estos propietarios han puesto sus demandas en manos del ayuntamiento, «y nos han dicho que denunciemos, que es cosa nuestra», pero ellos sostienen que la cuestión es municipal.

A todo esto, recuerdan que a pesar de pagar todos sus impuestos, «no tienen alcantarillado, y las dos farolas que hay provocan una penumbra por la noche que da miedo pasar».

El Ayuntamiento de Onda, según aseguraron fuentes municipales, «viene notificando a la propiedad la necesidad de acometer los trabajos, tanto en la fachada como en la cubierta, para asegurar la estabilidad del edificio». Ante la dificultad en contactar con la propiedad, según añaden las mismas fuentes, el Ayuntamiento «se ha visto en la obligación de iniciar un expediente sancionador, que se ha publicado ya en el BOE. Desde dicha publicación, se le otorgan 10 días para iniciar los trabajos de reparación necesarios y aportar la documentación técnica correspondiente».

Ahora, además de tener que realizar todas las cuestiones solicitadas, la propiedad se enfrenta a un expediente sancionador «por infracción muy grave que, según la ordenanza del Informe de Evaluación de Edificios, asciende a 3.000 euros, pudiéndose además imponer multas coercitivas mensuales».