La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, aseguró este viernes que el nuevo acelerador del Hospital Provincial de Castelló, que entrará en funcionamiento el 4 de diciembre, pondrá al centro «a primer nivel en la Comunitat Valenciana y España» en prevención y tratamiento oncológico.
El equipo, que ha supuesto para la Conselleria una inversión de 3,1 millones de euros, ha sido diseñado para mejorar la atención al paciente y tratar un espectro más amplio de tumores incorporando nuevas técnicas al arsenal terapéutico del Hospital.
La consellera ha visitado hoy las instalaciones del Provincial, donde los facultativos de los servicios de oncología radioterápica y radiofísica han explicado que este acelerador ofrecerá tratamientos más rápidos, y una mayor precisión, lo que permitirá tratar tumores de reducido tamaño.
Carmen Montón mostró su satisfacción al comprobar que «el compromiso adquirido con la ciudadanía castellonense ya es una realidad, pues la compra de un nuevo acelerador era una necesidad asistencial y requería una solución urgente como la que ha dado la conselleria».
Montón destacó que, próximamente, entrarán en funcionamiento nuevos equipos como un Pet-Tac y una gamma cámara que van a dotar al hospital de equipos de vanguardia para el diagnóstico y tratamiento del cáncer y lo van a situar al primer nivel.
Todas las inversiones en la adquisición de nuevos equipos e infraestructuras son el ejemplo de la apuesta de la conselleria por impulsar al Hospital Provincial y situarlo en un referente en el ámbito de la oncología, subrayó la consellera, quien añadió que a «la excelencia profesional se suma la voluntad de conselleria por dotar a los centros de la mejor tecnología».
Facturas irregulares
La consellera indicó este viernes que llevaron ante la justicia las presuntas irregularidades porque es su «obligación» velar por el dinero de los valencianos, por lo que subrayó que si advierten nuevas irregularidades procederán «de la misma manera». La titular de Sanidad recordó que el exgerente que «había entregado ante notario un documento con irregularidades que ascendían a 33 millones de euros» y que «había vinculada una empresa dentro de la trama Gürtel, de financiación irregular del PP».
