Desde 2016 en Tordesillas, Valladolid, tiene lugar el torneo del Toro de la Peña, un evento taurino llamado a sustituir al prohibido Toro de la Vega. Es el resultado de un gran movimiento pro animalista que llevaba años cogiendo fuerza y que, impulsado por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma), conseguía su objetivo en mayo de 2016. Entre las voces que apoyaron la lucha contra la muerte del animal, hubo una que destacó entre los demás. Las redes sociales y el boca a boca hicieron su papel y pusieron en primera línea mediática al boxeador Javier García Roche, que llegó a las casas de la sociedad española mediante un reportaje de 'Callejeros' y generó polémica con sus virales vídeos en contra de la exhibición taurina de Tordesillas.
Cuatro aprovechó el tirón mediático de García Roche para crear 'A cara de perro', programa en el que el boxeador comprobaba denuncias anónimas de maltrato animal. Aunque el resultado no quedó exento de polémica, no sorprende que la programación de la pequeña pantalla se ajuste al movimiento actual. Según el último informe de la Fundación Trasforma España, 'Generación SISI', el maltrato animal es una de las principales preocupaciones de los jóvenes españoles, junto a la integración del colectivo LGTB y el sistema educativo.
El maltrato animal en cifras
Según la Fundación Affinity, en España se abandona un animal cada cuatro minutos. A falta del informe de 2017 respecto a los datos del anterior, el del año 2016 revela que casi 140.000 animales fueron abandonados durante 2015. Información que coincide con la que aporta la web de trasparencia sobre protectoras Clasf España, que cifra alrededor de 143.000 los casos de abandono anuales desde 2007. Estos solo son algunos de los argumentos que Pacma utiliza para asegurar que España está a la cola de Europa en protección, cuidado y defensa de este sector.
El problema va más allá de los abandonos. El maltrato físico es una realidad. Mientras que la primera está considerada como una falta administrativa, la segunda está tipificada como delito en el Código Penal, con posibilidad de cárcel, aunque hasta 2015 no se consiguió encerrar a un ciudadano español por una sentencia de este tipo.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, confirma que en 2016 se registraron más de 12.400 actuaciones contra el maltrato animal, entre los que habría 783 infracciones penales, 11.729 denuncias y casi 500 personas detenidas o investigadas. Pero Seprona ve difícil cubrir todo el territorio por la ausencia de un marco legal nacional en toda España.
Hay una diferencia significativa entre las legislaciones autónomas. La lista de derechos de los animales es superior en algunas zonas de España, mientras que en otras provincias son más laxas y permisivas. Tomando como base la recopilación de leyes de protección de animales realizada por la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal, Avatma, y en base a un criterio común, el abandono animal (la forma de maltrato más comúnmente tipificada), es posible dividir las comunidades autónomas en: laxas y permisivas (nivel 1), con una mayor tipificación de delitos (nivel 2) y con un marco legal intenso (nivel 3).
Esta falta de unidad legal contra el maltrato animal está íntimamente ligada a la cantidad de delitos de este tipo, puesto que la mayoría de las principales operaciones realizadas por Seprona el año pasado han tenido lugar en comunidades autónomas en las que las leyes de protección animal menos rigurosas. Tres de las operaciones más destacadas de la Guardia Civil en este ámbito (gráfico 2), la Operación Chira en Zaragoza, la Operación Reinaldus en Huesca y la Operación Pakirri de Guadalajara tienen lugar en comunidades autónomas correspondientes al nivel 1 de la anterior clasificación (gráfico 1).
La Operación Pugnator, por su parte, está concentrada en Asturias y Cantabria, correspondientes al nivel 2. En ninguna de las comunidades del nivel 3 ha habido grandes detenciones salvo en Andalucía, que concentra los otros procedimientos destacados: Op. Ears en Huelva, Op. Tribet en Málaga y Op. Picar, en Jaén.
Maltrato animal por CC AA
Pero no solo el nivel de dureza de los marcos legales de las comunidades autónomas ayuda a entender la realidad del maltrato animal. Ya hace años que desde comunidades veterinarias, sociológicas, animalistas y protectoras se insiste en la educación y la formación de las personas como factor clave. Las tasas de analfabetismo extraídas del estudio "Población de 16 y más años por nivel de formación académica alcanzado. Porcentaje total de cada comunidad", realizado en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), coinciden con la magnitud de detenidos por parte de Seprona, mientras que estos se reducen en las comunidades con más índice de estudios superiores.
Andalucía, pese a tener una intensa ley de protección animal, es la comunidad autónoma con más cantidad de personas sin ningún tipo de estudios y formación, siendo, a su vez, la zona en la que han tenido lugar más operaciones contra el maltrato animal por parte de la Guardia Civil. Castilla y La Mancha, otro foco de detenidos por este tema, cuenta, a su vez, con la quinta tasa más elevada de población analfabeta y una de las leyes menos rigurosas en relación a la protección animal.
Salvo en el caso de Aragón, Asturias y Cantabria, el Seprona no ha realizado ningún tipo de operación contra el maltrato animal en las comunidades cuya una tasa de población con algún tipo de educación superior supera el 27%. Sin embargo, Aragón tiene, por un lado, una de las tasas de analfabetismo más importantes y, por otro, una de las leyes menos rigurosa en temática de protección animal. Ni en Asturias ni en Cantabria existen marcos legales que puedan considerarse de nivel 3.
Casi tres décadas desde aquel "Él nunca lo haría" de la Fundación Affinity que destrozó sensibilidades, la conciencia animalista ha ido creciendo poco a poco, consolidándose como una realidad social, una preocupación real de gran parte de la ciudadanía que ha terminado por marcar la agenda temática. Una problemática que esconde su porqué en factores legales y socio-educacionales, puesto que la concentración de operaciones contra el maltrato animal responde a algún índice determinado. Ya sea por el nivel de educación y formación de la población de una determinada comunidad autónoma o por la rigurosidad de sus leyes de protección animal, la acumulación de operaciones del Seprona en ciertas poblaciones no es fruto de la arbitrariedad.
