La letrada de la Conselleria de Sanidad mantuvo ayer ante la juez que el despido Silvia Roxana Silvestre, una médico ecuatoriana que cursaba el MIR en la Unidad Docente de Castelló, vino determinado por «imperativo legal» al no superar la tercera evaluación anual, cuya calificación fue de «negativa no recuperable, por faltas de asistencia e insuficiente aprendizaje», puntualizó la abogada. «La prueba no sólo evalua el conocimiento de la MIR, sino sus habilidades y actitud», añadió.
Mientras, la defensa de la médico insistió en que el despido de su cliente no obedeció a motivos académicos, «sino que fue un acto represivo, de carácter disciplinario».
La médico ecuatoriana inicio el MIR en mayo de 2014 en el Hospital de la Plana. Posteriormente, fue trasladada al Hospital de Vinaròs, donde fue despedida en pasado mes de julio. Silvia Roxana sostiene que los motivos reales de la rescisión de su contrato fueron «el hostil ambiente en el lugar de trabajo donde sufrí malos tratos, acoso laboral, discriminación
La vista oral por la demanda de la médico ecuatoriana se celebró en la mañana de ayer en el Juzgado número de los Social número 4 de Castelló. Los dos testigos que declararon en el juicio (la jefe del servicio de urgencias del hospital de la Plana y el responsable de la Unidad Docente del MIR de Castellón) tildaron a la médica como una «persona desafiante e inadaptada a su entorno laboral». Ambos testigos enumeraron diversas irregularidades de la médica durante el MIR, entre ellas, falta de asistencia a guardias no justificadas, carencia de autocrítica, talante desafiante, incumplimiento de los horarios de trabajo sin justificación. A Juicio de estos dos responsables médicos, la MIR «tenía un problemas de adaptación con nosotros y una continúa actitud desafiante».
Los dos testigos y la defensa de Sanidad insistieron en un informe del comité ético del Colegio de Médicos que apunta a posibles «rasgos disfuncionales de personalidad» de la médico.
El abogado de la médico mostró su desacuerdo con la declaración de los testigos y insistió en que el verdadero motivo del despido fue disciplinario , por el «hostil ambiente laboral que se creó entre la médica y sus compañero y jefes», situación, que, a su juicio, Sanidad no solución, inculcando así derechos fundamentales de la MIR. Esta parte mantuvo su petición de que se declare nulo el despido por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y una indemnización por daños y perjuicios de 20.000 euros.
