Las condenas por violencia machista en el tercer trimestre de este año han alcanzado su «mejor dato histórico» con el 94,1 por ciento de sentencias condenatorias a maltratadores, que crecieron medio punto en comparación con el mismo periodo de 2016 en Castelló. La media nacional se sitúa en el 70 por ciento por lo que Castelló se sitúa entre las diez provincias españolas con más porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores.

Según los datos del Consejo General Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al tercer trimestre del año, los juzgados castellonenses recibieron un total de 479 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 10 %. El aumento de denuncias (pasaron de 420 en el tercer trimestre de 2016 a 479) ha estado acompañado de un incremento de víctimas, en este caso del 5 % (de 420 mujeres a 442).

Casi el 75 % de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, a través de atestados policiales, mientras que el Poder Judicial aprecia un aumento de las presentadas por familiares, aunque sólo representaron el 4 % del total. Las denuncias por intervención directa de la policía se situaron en el 3 %.

Los datos del CGPJ muestran también que en el tercer trimestre descendió a la mitad el número de mujeres que renunciaron a declarar en un proceso judicial contra su presunto agresor al pasar de 123 en el tercer trimestre de 2016 a 51 en el tercer trimestre de este año. A juicio de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, tanto el descenso de la dispensa a declarar como el incremento de las órdenes de protección concedidas son datos «muy positivos».

Carmona también ha destacado que el número de sentencias condenatorias ha alcanzado «su mejor dato histórico», que tiene «valor en sí mismo» y también como «mensaje ejemplarizante» de que «no hay impunidad para la violencia machista».

En un 50 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección. Derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 15.473 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento en el 67 % de los casos y la prohibición de comunicación (63,9 %), mientras que la privación de libertad solo se dictó en el 2,7 %.

En un 4,6 % de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 2,3 % de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.

Los datos del CGPJ reflejan que la violencia de género se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 habitantes superó en el tercer trimestre la media nacional (17,2) en Baleares (25,7), Murcia (23,1), Comunitat Valenciana (22,5) y Canarias (21,5). Las ratios más bajas se dieron en Galicia (10,7), Asturias y Castilla y León (ambas con 11).