El 29 de octubre de 2015 el Ayuntamiento de Castelló aprobó, con la abstención de PP y Ciudadanos, crear una comisión de investigación para analizar la gestión económica de la opaca Junta de Festes que presidió Jesús López en el periodo 2008-2015, a la que finalmente se sumó, a propuesta del PP, el año 2016, con Juanvi Bellido al frente de la entidad festera. Dos años después, tras 29 reuniones de la comisión, la comparecencia de unas 30 personas y el análisis de la caótica documentación que existía en la sede de la Junta de Festes, el pleno municipal aprobará hoy un dictamen de conclusiones finales que, al menos para PSPV, Compromís y Castelló en Moviment, no admite ninguna duda: se ha detectado tal número de presuntas irregularidades que es necesario que el ayuntamiento emita un informe jurídico para concretar las presuntas ilegalidades y, si así se considera, denunciarlo ante la Fiscalía.
El dictamen final, aprobado hoy en el pleno con los votos a favcor de PSPV, Compromís, Castelló en Moviment y Ciudadanos y el único voto en contra del PP, consta de 36 hojas en las que se resumen dos años de trabajo y en las que se desvela una absoluta dejación del ayuntamiento en el control del dinero público que gestionó la Junta de Festes bajo la presidencia de Jesús López. Los entonces alcaldes populares Alberto Fabra y Alfonso Bataller, así como el edil responsable del área, Ximo Torres, dejaron hacer pese a los continuos reparos del Interventor.
Irregularidades
Con todo, el dictamen que ha entrado hoy a votación, que ha incorporado finalmente el voto particular de Ciudadanos al tener prácticamente el mismo conenido que el dictamen final, tiene cinco recomendaciones fundamentales. Por un lado, ante las «posibles múltiples irregularidades» detectadas a lo largo de estos años en la gestión de la Fundación de Fiestas Municipal, «y vista la obligación de los funcionarios públicos y las autoridades de velar por el cumplimiento de la legalidad», se recomienda al Ayuntamiento de Castelló que «pida a los Servicios Jurídicos Municipales la redacción de un informe que dictamine sobre la posible existencia de ilícitos penales» entre los años 2008 y 2012 -antes de la creación del actual Patronato Municipal de Fiestas- y entre 2013 y 2015, después de la creación del citado órgano.
Con ello, «en el caso de haber indicios de posibles delitos», se solicita al ayuntamiento que «ponga en conocimiento de la Fiscalía todas las circunstancias descubiertas en esta comisión de investigación, así como toda la documentación y testimonios que forman parte de la misma».
La tercera de las recomendaciones que se ha aprobado hoy en el pleno es que «se realice una auditoría de la contabilidad de la Fundación y la Junta de Festes del periodo 2008-2015», todo ello para aclarar de qué manera se ha gestionado realmente y,con el resultado, «dar traslado al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Cuentas».
Por otro lado, se considera que el ayuntamiento debe informar a la Inspección de Hacienda y a la Seguridad Social «para determinar con exactitud cuál ha sido la cantidad que se ha dejado de declarar, tanto a la Hacienda Pública como las cuotas que no recibió la Seguridad Social, con tal de regularizar la situación y actualizar las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras que han prestado sus servicios a la Junta de Festes».
La última de las recomendaciones del dictamen pasa por recomendar al actual Patronato Municipal de Fiestas «de las herramientas y los recursos necesarios para poder desarrollar su labor con garantías».
Voto particulares de PP
El voto particular del PP, rechazado por el resto de partidos, eliminaba por completo cualquier posibilidad de pedir un informe jurídico al considerar que, tras las 29 reuniones de la comisión investigadora, «no se desprende ningún ilícito penal», aunque sí pueda haber «irregularidades procedimentales desde el punto de vista legal-administrativo». Es más, señala el PP que si hubiese habido alguna ilegalidad a lo largo de tantos años «lo hubiesen detectado los funcionarios y los responsables políticos», y no dudan los populares en cargar contra el resto de partidos políticos al considerar que, los grupos de la oposición deberían haber actuado en consecuencia y en su momento si se hubiese producido alguna ilegalidad en los años analizados. Para el PP, «el no haberlo hecho, como debería haber sido su obligación», implica como consecuencia «concluir la inexistencia de reproches penales en todo lo que ha sido objeto de la presente comisión».
