Después de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que abre una brecha en las plataformas de la economía colaborativa al entender que Uber funciona como empresa de transporte y no como mediador de la sociedad de la información, los hoteleros recibieron ayer otra buena noticia.

El juzgado de lo contencioso 2 de València ha dado la razón al Consell en su disputa con las plataformas tipo Airbnb que ofertan pisos turísticos, a las que quiere obligar a retirar las viviendas ilegales. Es decir, aquellas que no están inscritas en el registro de viviendas turísticas de la Generalitat.

Concretamente, el juzgado rechaza el recurso de la plataforma Homeaway contra la multa de 30.000 euros de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) por no incluir en la información de los pisos el número de registro, que es el que acredita que las viviendas cumplen con las normas urbanísticas de cada municipio.

Con este pronunciamiento, el juez cierra la puerta a los recursos que estaban planteando las plataformas contra la vía punitiva de Turismo. Concretamente, 16 expedientes sancionadores a otras tantas plataformas, con la sanción máxima de 30.000 euros. Algunas web habían reparado la irregularidad para evitar la sanción; otras como Rentalia (ligada a Idealista) también ha presentado recurso (a la espera de juicio), y Airbnb ha visto rechazado el recurso de alzado y aún no ha anunciado si irá a los tribunales.

En Cataluña, Airbnb había ganado precisamente esta misma batalla. En aquel caso, la justicia anuló la sanción por un defecto de forma, ya que la normativa turística catalana no preveía sanciones para las plataformas. Aquí, sin embargo, el Consell sí es competente para multar porque la ley declara como responsables solidarios a «los titulares de los canales de publicidad y comercialización».

El fallo allana el camino al departamento que dirige Francesc Colomer para lograr erradicar la oferta ilegal de las web en la C. Valenciana. Según Alberto Aznar, de Pedrós Abogados, la plataforma digital «no es prestatario principal del servicio, pero sí se le debería exigir lo que en otros países: no publicar pisos que no acrediten número de registro o exigirle que permitan a Hacienda conocer los datos fiscales».