La portavoz del gobierno municipal de Castelló, Verònica Ruiz, abrió ayer las puertas a nuevas vías para el diálogo con los vecinos del barrio Crèmor, ciudadanos que ya han dejado patente su malestar con las previsiones del nuevo Plan General y que incluso han anunciado, al margen de las lógicas alegaciones, la posibilidad de llevar el procedimiento a los juzgados.

Verònica Ruiz, en la comparecencia para hablar de los acuerdos de la Junta de Gobierno, explicó sobre este conflicto que le consta que tanto el concejal de Ordenación del Territorio, Rafa Simó, como el coordinador del área de Desarrollo de la ciudad y uno de los impulsores del nuevo Plan General, Fernando Calduch, «se han reunido con los representantes de la asociación en varias ocasiones», destacando el «interés» que ha habido en el equipo de gobierno por recabar las opiniones de los vecinos.

Eso no quita que, tal y como ha quedado evidente por las quejas mostradas estos días por colectivos como la asociación de Sant Joan del Riu Sec, que «evidentemente nos reunamos la veces que haga falta para buscar un acuerdo que satisfaga a los vecinos» y que, eso sí, «técnicamente sea viable». La portavoz del gobierno municipal, así mismo, insistió en que el acuerdo plenario del pasado jueves se centra dar impulso a la versión preliminar del Plan General Estructural (PGE) , recordando en este sentido que aún está por publicarse el Plan de Ordenación Pormenorizado (POP), que es el que recogerá al detalle el microurbanismo y el rediseño de los barrios de la ciudad. Por ello, señaló que aún hay tiempo para seguir hablando y ver si hay algún camino para calmar los ánimos en este distrito de la ciudad.

La evolución urbanística de la ciudad ha dejado a Crèmor de forma histórica en tierra de nadie. El soterramiento de la vía hace casi 18 años acabó con una barrera urbanística de envergadura, pero las inversiones saltaron por encima de Crèmor para el desarrollo del vecino Raval Universitari. Hay, así lo han señalado continuamente los actuales responsables políticos del consistorio, una deuda pendiente con el barrio, pero la solución no parece ser del agrado vecinal. El deseo de los residentes era consolidar todas las viviendas residenciales como suelo urbano, algo que no parece vaya a pasar. «Estas viviendas gozan de los servicios propios de la condición de solar urbano y están pagando, hace muchos años, como urbano en la contribución», advierten desde la entidad vecinal.