José Luis Cuesta (Carrión de los Condes -Palencia-, 1955) apuesta por corregir la desproporción entre el partido judicial de Nules y el de Vila-real, desfavorable al primero. Cuesta es partidario de avanzar hacia la figura del fiscal instructor.
¿Qué balance hace de su gestión en su primer mandato al frente de la Fiscalía?
La mayor preocupación ha sido la atención al colectivo de menores y las personas discapacitadas necesitados de algún grado de protección, porque la única figura de referencia que tienen, tanto en un sector como en otro, es el ministerio público. Y se ha dado una respuesta rápida, y en muchos casos muy efectiva.
¿Cuáles son las principales carencias de la Justicia en Castelló?
La prioridad es mejorar los medios informáticos. Ahora, hay un panorama autonómico de muchas aplicaciones que no son compatibles en muchas ocasiones entre ellas. La conselleria tiene previsto un expediente judicial único que integrará a la Fiscalía.
¿Y en el plano de los órganos judiciales?
El objetivo es reforzar los juzgados de lo penal, previsto para enero, porque es donde hay más atasco.
P¿Y por lo que toca a los partido judiciales?
Es necesario un replanteamiento de los partidos judiciales de Nules y Vila-real. El partido judicial de Nules no es equiparable, tanto en el plano de la carga de trabajo, como en el población, con el de Vila-real. Nules abarca 30 municipios y 120.000 habitantes, con 4 órganos judiciales. El partido de Vila-real, sólo incluye dos municipios, Borriana y Vila-real, con una población de 80.000 habitantes, y tiene cinco juzgados de primera instancia e instrucción, más otro de Violencia de Género. Hay una desproporción evidente. Hay dos pasos que se deberían dar. En primer lugar, comarcalizar toda la violencia de género, de Nules y Segorbe, en el juzgado específico de Vila-real, que ya descargaría un poco al partido judicial de Nules, y, luego, determinadas poblaciones que están dentro del partido de Nules, incorporarlas al de Vila-real por cuestión de proximidad.
Una constante en la relación de los ciudadanos y la Justicia es lentitud.
Algo que aprendí con mi paso por menores fue que si la respuesta que se da a cualquier problema, ya no sólo de carácter delictivo, que se lleva a un tribunal no es rápida, puede ir en contra del propio valor Justicia porque puede que no satisfaga ni a quien tiene la razón ni a quien se la quita, porque ha llegado tarde. Debemos prestar un servicio eficaz, y ello incluye la rapidez en la respuesta.
La politización de la Justicia es otra constante ¿Ha dificultado esto la labor del fiscal ?
Interfiere en el sentido de que nadie se encuentra a gusto y cómodo cuando pueda dar la sensación de que se trata de instrumentalizar la justicia con finalidades políticas, pero no interfiere en absoluto en nuestro trabajo profesional que lo hacemos con objetividad y sujeto a los principios de imparcialidad y legalidad.
¿Cree que los partidos políticos confunden irregularidad administrativa y delito?
Esto acaba de pasar ahora con la denuncia sobre la contabilidad del Hospital Provincial. Puede haber actos nulos de pleno derecho en el ámbito del derecho administrativo, pero que no sean constitutivos de delito. El caso del Hospital General era un ejemplo de responsabilidades contables, competencia del Tribunal de Cuentas.
¿En qué estadio se encuentra el proyecto para implementar la figura del fiscal instructor?
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es uno de los objetivos del legislador para este mandato. Y el modelo a seguir está en la ley de menores, ya que después de 17 años tenemos una experiencia muy positiva.
Para que el fiscal lidere la instrucción de los procesos serán necesarios más medios.
Evidentemente. Afrontar en las condiciones actuales la investigación de los procesos sería inviable. La plantilla de fiscales es reducida. En España no llega a 2.500 y en toda la provincia de Castelló, no supera los 30. Son cifras muy inferiores a la media europea, donde hay 12 fiscales por cada 100.000 habitantes, y en España esa media es de cinco.
