Casi la mitad de los inquilinos de pisos públicos de la Generalitat Valenciana en Castelló no cumplen con sus obligaciones de pago, según revela el informe de la Sindicatura de Comptes de 2017 respecto a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIG). En el apartado de vivienda arrendadas con renta, el documento recoge que 207 de los 442 pisos alquilados mantiene deudas, con una media 1,9 años de impagos (casi dos años). El monto total de esa deuda se eleva a 534.204 euros.
Este porcentaje de inquilinos morosos en Castelló es del 47 %, tres puntos por debajo de la medida de la Comunitat Valenciana, que se sitúa en el 51 %, y 2,2 años de impagos de media.
El informe de la Sindicatura de Comptes también constata que «no se pude concluir que se gestionen de manera eficaz las viviendas que quedan vacías o desocupadas, considerando la eficacia como la consecución del objetivo de minimizar su número, para que puedan estar disponibles para su destino de alquiler social».
Según el documento, las razones de esa ineficaz gestión estriba primero en que la oferta de la vivienda pública en régimen de alquilar es insuficiente para atender la demanda existente. «Hay 8.873 solicitantes en lista de espera, frete a 7.085 viviendas arrendadas y 1.464 viviendas sin arrendar, lo que implica que un 17% de las vivendas no cumple con su función de atender la demanda social», explica el informe.
El informe señala que de las 1.464 viviendas sin arrendar , 661 están sin uso y pendientes de ser reparadas, 618 están ocupadas ilegalmente y está prevista la demolición de otras 185. Y advierte, además, de que las viviendas ocupadas ilegalmente también tendrán que ser reparadas en un porcentaje muy elevado, tanto si quedan disponibles como si no, en aplicación de las medidas establecidas en la resolución de la Dirección General de Habitaje, Rehabilitación y Regeneración Urbana de abril de 2017.
