El Ayuntamiento de Orpesa dio ayer el último paso antes de conocer si TSJCV homologa finalmente la sentencia de derribo del edificio Bernat mediante una indemnización económica para los vecinos que denunciaron las irregularidades urbanísticas de este bloque de 127 apartamentos. Los vecinos denunciantes, los propietarios del Bernat y el consistorio llegaron a un acuerdo en 2014 para dar por ejecutada la orden de derribo mediante una compensación económica de 1'5 millones de euros. Para dar cumplimiento del convenio, el pleno aprobó ayer una modificación del plan general con tal de regularizar la situación del inmueble.
La corporación acordó una modificación puntual del PGOU de 1982 con la finalidad de regularizar la situación del edificio Bernat, inmueble de 127 apartamentos situado a primera línea de costa en la playa de Morro de Gos. El consistorio tomó esta decisión para materializar uno de los requisitos del convenio que suscribió con los vecinos de la urbanización colindante Los Rosales, cuya denuncia por irregularidades urbanísticas en el edificio Bernat derivó en una sentencia de derribo, y los propietarios del inmueble afectado. El objetivo final era evitar la demolición del bloque de apartamentos, a pesar de que una sentencia del TSJ así lo ordenó.
Para ello, las tres partes acordaron ejecutar la sentencia a través de una indemnización económica de 1'5 millones de euros que recibirían los vecinos denunciantes y que asumiría el ayuntamiento. Además, el consistorio debía regularizar la situación inmueble a través de una modificación del PGOU. El concejal de Urbanismo Tomás Fabregat, indicó que «este es el último cartucho que nos queda, que no nos da garantías al cien por cien», al tiempo que explicó que «durante tres años hemos ido recabando y enviando informes. Todo movimiento que se ha hecho se ha comunicado a la sala». Por ello, «cabe esperar que acepten esta modificación y se dé por cumplida la sentencia». Y es que, de haber derribo, Fabregat indicó que habría que pagar «por lo menos 6 millones de euros más los daños a los afectados y a la imagen del municipio». Por ello, el alcalde Rafael Albert defendió que la indemnización de 1'5 millones de euros es «el camino menos gravoso para los intereses municipales».
Enmienda de Compromís
Compromís exigió con una enmienda la incoación de un expediente que dirima las posibles responsabilidades de los técnicos y concejales que otorgaron y votaron respectivamente la licencia del Bernat. La enmienda fue rechazada en el pleno.
«No hay excusa para que no se exijan responsabilidades. Se va a hacer ya que la ley nos obliga a actuar», justificó Tomás Fabregat la postura del PP.
Por su parte, Josep Lluís Romero, portavoz de Compromís recordó que, en otros casos urbanísticos con sentencia desfavorable, como la del edificio París, no se pidieron responsabilidades. «¿No decís que había que pedir responsabilidades por ley?», se preguntó Romero.
La modificación puntual del PGOU fue aprobada con los votos favorables del PP y Ciudadanos, las abstenciones del PSPV y Sí se Puede y la negativa de Compromís. La homologación de la sentencia dejaría atrás casi treinta años de procesos judiciales, ya que la licencia fue anulada por el TSJ a principios de la década de los noventa.
Por otra parte, el pleno desestimó el recurso que presentó una funcionaria contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Orpesa de noviembre de 2017 contra la aprobación de una modificación en la relación de puestos de trabajo. Agotada la vía administrativa, la trabajadora podría emprender la vía judicial.
