La jauría de once perros que supuestamente atacó a un agricultor en la Vall d'Uixó hasta causarle la muerte permanece en una protectora sin ánimo de lucro a la espera del desarrollo de la investigación judicial por el citado ataque. Tras emitir el juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Nules una orden de captura y puesta en cuarentena de los perros, una persona de esta protectora intentó recoger a los animales durante la tarde del 6 de enero, sin éxito. Días más tarde, se hizo una recogida con más medios para poner en cuarentena y a disposición de los investigadores a los canes.

En concreto, se trata de una protectora que apuesta por el sacrificio cero de los animales y que desde 2016 se ocupa de recoger a los animales localizados sin dueño en el municipio de la Vall d'Uixó a requerimiento de la Policía Local.

Cabe recordar que el pasado 4 de enero un hombre fue atacado por unos perros en el término municipal de la Vall d'Uixó. El hombre, de 70 años, fue encontrado malherido y ensangrentado tras refugiarse del ataque en un quemador de leña. Los servicios de emergencias lo trasladaron al Hospital de la Plana, pero, finalmente, falleció a causa de las heridas.

A raiz del ataque, los agentes de la Guardia Civil investigaron a G.B., propietario de una perrera ilegal de la zona al considerar que sus perros habían causado el ataque. En este sentido, el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ya había recibido denuncias por ataques previos de los canes de esta perrera ilegal. De hecho, tras una agresión en el mes de abril de 2017 la Guardia Civil y el propietario firmaron un documento en el que se autorizaba al ayuntamiento a retirar a tres de los perros.

En este sentido, el investigado asegura en relación a ese ataque que accedió a que se llevaran los perros a pesar de que, según su versión, no había constancia de que hubieran sido ellos los autores. «Tuve reuniones con la alcaldesa y con la Guardia Civil y firmamos para que se llevaran los perros porque el incidente sucedió cerca de donde tengo el refugio y como alguno sale y entra, porque son muy listos, pues es posible que fuera uno de ellos, aunque no está demostrado», aseguró el propietario de los canes.

Un refugio ilegal

En cuanto a la perrera, G.B. confirma que se trata de un refugio ilegal y que los perros carecen de chip y de vacunas, pero acusa a las administraciones de esta situación. «Los perros no tienen ni chip, ni vacunas, ni nada. Yo los recogía, los alimentaba y les daba de beber en una misión humanitaria», indicó, al tiempo que manifestó que pidió en reiteradas ocasiones a la alcaldesa de la Vall d'Uixó que le ayudara a legalizar el refugio. «Yo he participado en una acción benéfica en San José con otras perreras en la que vinieron 3.000 personas; hasta que ha sucedido lo que ha sucedido, qué bonito todo, hasta que ha habido una muerte y ahora buscan un culpable. Los animales están protegidos por la ley y deberían haberme ayudado en su día. Yo recogía a los animales y si no los hubiera recogido qué hubiera pasado, ¿cuántas agresiones he salvado yo?», reclamó.

En cuanto al ataque, G.B. lamenta lo sucedido pero mantiene que sus perros no fueron los causantes. «El refugio de la Lobera es una reserva natural de 5.000 metros en una zona por la que pasa gente, pero no debería porque es una reserva natural donde hay cazadores. No estoy 24 horas en la reserva y algún perro puede haberse escapado, pero los cuatro, no», insistió y aseguró que no se le había descontrolado la recogida y mantenimiento de los perros.