La empresa externa encargada de la recaudación de las deudas por vía ejecutiva ha ratificado que el 67,8 % pendiente de cobro por parte del Ayuntamiento de Almassora procede de las empresas. El balance de 2017 señala que las personas jurídicas adeudan 8.151.820 euros a la institución municipal, mientras que las personas físicas suman un total de 3.855.834 euros (32,2 %). En total, el consistorio acabó el año pendiente de ingresar 12.007.654 euros. «Los datos confirman una tendencia que se mantiene en el tiempo y que resalta el esfuerzo por parte de las economías domésticas para hacer frente a las obligaciones ciudadanas», señala el concejal de Hacienda, Santiago Agustí.

En su opinión, «el balance del último año ratifica el compromiso de los vecinos, de los trabajadores, para mantener al día sus pagos a la Administración local».

De este modo, el pendiente de las empresas a inicio de 2017 era de 8.052.589 euros, a los que se sumaron recargos, intereses y costas a lo largo del ejercicio hasta sumar más de 8,1 millones de euros. Por su parte, las personas físicas iniciaron el año pasado con 3.775.237 euros pendientes de pago que, tras la inclusión de los ítems anteriores, ascendieron a 3.855.834 euros al cierre del presupuesto.

Atajar ese desequilibrio entre personas físicas y jurídicas y que toda la ciudadanía por igual contribuya a sostener la Administración local es uno de los objetivos del convenio firmado el año pasado con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que Hacienda asuma la gestión en vía ejecutiva de los cobros pendientes superiores a 60 euros. El acuerdo entre ambas partes permite que la Agencia extienda su ámbito de actuación para reclamar impagos.

Así las cosas, el convenio autoriza a Hacienda recaudar impuestos en todo el territorio nacional, mientras que hasta la fecha su ámbito de actuación no podía superar los límites del término municipal. Esta circunstancia podría ser determinante para exigir los pagos a sociedades que cambian su domicilio y dificultan su localización por el ayuntamiento.

Mientras, el consistorio ha logrado reducir el tiempo de liquidación de facturas a 20 días en el último trimestre de 2017, el mejor dato obtenido en esta legislatura. En la actualidad, el Ayuntamiento sólo tarda en pagar a sus proveedores de bienes y servicios un tercio del plazo marcado por ley. No en vano, la legislación permite pagar a 60 días, un periodo que se aleja de los tiempos alcanzados por el consistorio de Almassora.

Situar la ratio de liquidación de facturas a -10,46 días significa que desde que entra una factura al ayuntamiento hasta que existe conformidad transcurren 20 días. «Si reclamamos el pago de los tributos en el plazo establecido también tenemos que ser exigentes con nuestras obligaciones a terceros», admite Santiago Agustí.