La sección primera de la Audiencia de Castelló ha estimado un recurso del Partido Popular de Almenara y ordena al Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules que continue la investigación sobre diversas contrataciones y prórrogas sucedidas en el Ayuntamiento de Almenara.
De esta manera, la Audiencia reboca el archivo de una causa instada por el PP en 2015 y que añade más casos a la maraña de denuncias entre los grupos políticos, trabajadores municipales y responsables del Ayuntamiento de Almenara.
En este caso está en tela de juicio la prórroga de un contrato de servicios jurídicos mediante un proceso negociado sin publicidad. La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, emitió un decreto el 31 de julio 2015 en el que ordenaba la prórroga de este contrato y adjuntaba un informe favorable de la secretaria accidental. Sin embargo, la secretaria titular, que ha presentado numerosas denuncias contra la primera edil, aseguró en su declaración que antes de marcharse de vacaciones advirtió verbalmente a la alcaldesa de la irregularidad de la prórroga mediante este proceso. Se trata de un contrato superior a 60.000 euros y por ello debería haberse publicitado a la libre concurrencia de las empresas.
El Grupo Municipal Popular en Almenara advirtió a su vez de esta irregularidad y, en efecto, la Junta de Gobierno emitió un dictamen de nulidad respecto de la prórroga. El juez instructor llegó a la conclusión de que el hecho la alcaldesa aceptara revisar la nulidad del decreto es suficiente para aceptar que no existía dolo ni un posible delito de prevaricación, pero la Audiencia de Castelló ha considerado que por la manera en la que se suceden los hechos, aprovechando las vacaciones de la secretaria titular, «resulta de interés completar la investigación aportando a las actuaciones certificación de las sumas cobradas por el letrado desde el 31-07-2015, los conceptos a los que se corresponden y de la actuación llevada a cabo hasta el posterior decreto de nulidad».
Así mismo, el auto al que ha tenido acceso Levante de Castelló pide continuar con la investigación en relación a otras dos causas apuntadas por el PP en su querella y que se extiende por prevaricación y tráfico de influencias los alcaldes actuales y anteriores de Almenara, Estíbaliz Pérez y Vicente Gil y a un trabajador del consistorio y ex concejal, Javier Gomis.
En este sentido, la Audiencia pide que se investiguen «los contratos de seguro sin expediente de contratación en los que intervenía como agente exclusivo de Reale Seguros, SA» la esposa del Tesorero municipal. De la misma manera, el juez pide investigar la contratación de la hija del Tesorero en el marco del Plan Extra de Empleo, así como una práctica revelada consistente en no denunciar el cese de los contratos de trabajo como modus operandi para «hacer trabajadores fijos, al margen de la oferta pública de empleo».
A su vez, también se remite la revisión de la instrucción sobre la posible relación del letrado contratado por el ayuntamiento con una mercantil que urbanizaba un sector en Almenara.
