La comisión de investigación de Borriol por los impagos del canon a la Entidad de saneamiento de aguas (EPSAR) entre los meses de marzo de 2011 y 2012 se cerró sin acuerdo. Los cuatro grupos municipales leyeron sus conclusiones en el pleno ordinario de enero tras no haber alcanzado una posición común. La EPSAR impuso una multa de 270.000 euros en concepto de sanción e interés de demora por este impago, que el consistorio pagará en seis anualidades. El primer abono se realizó en 2016. Veïns pidió una comisión para analizar lo sucedido.
«Existe un impago continuado del canon, el cual se puede entender por orden del entonces presidente de este ayuntamiento, quizá a la espera de una posible compensación en cantidades pendientes de pago de la Generalitat. Este hecho queda descartado porque un informe externo indica que dicha solución no es posible al no ajustarse a la ley al tratarse de personas jurídicas distintas», dijo el alcalde Silverio Tena, de Compromís, que añadió que «la EPSAR escribe al ayuntamiento en repetidas ocasiones solicitando información que no se contesta en debida forma».
«Queda clara la responsabilidad administrativa de quien correspondan estas funciones, así como política de quienes gestionaban el ayuntamiento», indicó Tena. Compromís y PSPV, socios de gobierno, compartieron argumentos. El socialista Francisco Pastor manifestó «la responsabilidad administrativa del personal a quien correspondían las funciones, por la falta de medios humanos como manifestó el interventor, así como una responsabilidad política de quien en su momento tenían a su cargo la gestión municipal».
La concejala del PP, María Consuelo Vilarrocha, defendió que la decisión de no realizar los pagos entre marzo de 2011 y 2012 «se adoptó como consecuencia de la incoación de un expediente de compensación entre las subvenciones que adeudaba la Generalitat al Ayuntamiento de Borriol y el canon de saneamiento que el Ayuntamiento de Borriol adeudaba a la EPSAR. Nunca ha habido voluntad de eludir el tributo».
Los populares, que gobernaban en ese momento, no imputaron ninguna responsabilidad al ex alcalde de su partido Adelino Santamaría, de quien Vilarrocha dijo que «no dejó en ningún momento de tramitar documentos o requerimientos de la EPSAR». Mª Consuelo Vilarrocha incidió en que «no se emitió ningún informe técnico durante dicho periodo que alertara de dicha situación». Por su parte, Jordi Carballeira destacó que Veïns, que gobernó con el PP durante dos etapas en el periodo 2011-2015, «no tiene ninguna culpa sobre la deuda».
