El pleno municipal del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó aprobó ayer la incoación del expediente sancionador a la empresa Fovasa (antigua Secopsa), adjudicataria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, en el que se le reclaman 905.000 euros por incumplimientos graves del pliego de condiciones del contrato.
El concejal de Medio Ambiente y segundo teniente de alcalde, Fernando Daròs, explicó que el pleno ya había acordado el año pasado «archivar los expedientes sancionadores abiertos para unirlos en uno único en el que se incluye todo el dinero que el ayuntamiento pagó a la empresa por actuaciones que se ha demostrado que no había prestado».
Así, atendiendo a varias sentencias judiciales se ha iniciado este nuevo expediente sancionador «en el que pedimos a la empresa que devuelva todo el dinero que los servicios técnicos municipales han determinado que el ayuntamiento pagó por un trabajo que no se hizo», de manera que estas cantidades «vuelvan a las arcas municipales», según indicó.
El servicio de basuras se prestaba directamente desde el ayuntamiento hasta 2009, dos años después de que Isabel Bonig accediera a la alcaldía, cuando se privatizó y adjudicó a Secopsa, «empresa que presuntamente financió ilegalmente al PP para la campaña electoral de 2007», tal y como señaló el primer teniente de alcalde, Antoni Llorente, quien añadió que actualmente «estamos realizando un seguimiento y un control que anteriormente, con el PP, no se hacía, somos exigentes con las empresas que trabajan para el ayuntamiento y velamos por el interés general de la Vall d'Uixó».
La alcaldesa, Tania Baños, afirmó al respecto que en este caso «hay cosas que huelen mucho» y que en un ejercicio de transparencia «debemos explicar qué se ha hecho en los últimos años con el dinero de todos los valleros y valleras». Y es que en los últimos días «todos los medios de comunicación han hablado de las declaraciones de Ricardo Costa (PP) delante de un juez en las que decía claramente que Secopsa dio dinero para la campaña electoral de Isabel Bonig en 2007».
Tras la privatización del servicio en 2009, a partir de 2010 «ya hay incumplimientos flagrantes del contrato, pese que a la empresa se le dieron todas las facilidades desde el ayuntamiento y se le cedieron locales municipales y camiones», indicó Baños.
Los cambios en el servicio de recogida de basura y limpieza viaria «desde que estamos en el gobierno son notables» y la empresa «está trabajando mejor», ya que «cuando no le debes nada a nadie puedes exigir que cumplan con cada euro que paga el Ayuntamiento, porque el dinero público es sagrado», remarcó la alcaldesa, quien recordó que «hacía muchos años que no se baldeaba diariamente la vía pública o no se cambiaban los contenedores, papeleras, camiones y maquinaria».
En este sentido, ha asegurado que el actual equipo de gobierno «busca el interés general y no el particular de una empresa o partido político». «Este ayuntamiento no solo tiene una deuda económica, sino también un lastre reputacional que estamos trabajando para solucionar, reclamando lo que es de todos los valleros y valleras y comprometiéndonos a que podremos cometer errores pero nunca pondremos la mano en el dinero público», concluyó la primera edil.
