El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vila-real acordó con los propietarios de los terrenos de la prolongación de la actual Avenida de França compensaciones condicionadas a la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Según apuntó el portavoz del PP en Vila-real, Héctor Folgado, en 2009 el equipo de gobierno que lideraba Juan José Rubert llegó a acuerdos con los propietarios para la cesión de los terrenos al consistorio. A cambio, se ofrecieron «reservas de aprovechamiento subjetivo» de diverso tipo en función del nuevo PGOU que estaban elaborando los técnicos municipales. Según relata Folgado, «se llegó a acuerdos en reuniones asistidas por el secretario municipal, para que pudiera dar fe, y en la que se expresaba la voluntad de acuerdo de ambas partes».

«Se trataba de acuerdos muy beneficiosos -continuó Folgado- para el municipio porque no había que pagar las cesiones, sino que se compensaba con terrenos que eran propiedad del ayuntamiento situados en la carretera de Onda o por ejemplo, derechos de construcción de seis alturas en lugar de cinco en determinados terrenos, etc».

El portavoz del PP considera que la sentencia conocida la semana pasada se debe a «la falta de negociación» del actual alcalde, José Benlloch, a quien culpa de no querer cumplir aquellos acuerdos a los que llegó el anterior equipo de gobierno cuando accedió a la alcaldía en 2011. De hecho, Folgado insiste en que los propietarios dieron el tiempo suficiente al ayuntamiento para ofrecer la compensación prometida y que debido a que no se hacía efectiva, acabaron por denunciar al consistorio vila-realense.

En cuanto a la sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castelló dictó un fallo el pasado 9 de enero en la que estimaba un recurso de los propietarios y por el que condenaba al Ayuntamiento de Vila-real a indemnizar a los propietarios de una parcela con casi 1,2 millones de euros, resultantes del valor del terreno, más los intereses desde noviembre de 2009 e incrementados en un 25% por haber ocupado de manera ilegal la parcela.

Esta cifra del 25% se debe a que el tribunal considera que el consistorio actuó por la «vía de hecho», ocupando la parcela y desposeyendo de ella a los propietarios antes del pago de los precios de expropiación.

En relación a los acuerdos, se trata de una «declaración de intenciones» en la que «el Ayuntamiento de Vila-real se compromete a iniciar la tramitación de convenios urbanísticos necesarios para poder plasmar los acuerdos relacionados en el presente documento y a tramitar con la mayor celeridad posible su aprobación. Independientemente de la aprobación de los referidos convenios urbanísticos, los propietarios accederán a permitir la ocupación de los terrenos en documento otorgado seguidamente».

En este caso, para la magistrada el documento que «no es más que lo que su nombre indica, una declaración de intenciones, sin mayor valor contractual que la intención de las partes de alcanzar y llevar a efecto unos procedimientos urbanísticos que no se han cumplido (...). Era más bien un calendario de ruta de actuaciones a desarrollar por el municipio, pero que por motivos diversos (...)no se ha producido, por lo que no tenemos ni cesión de terrenos, ni tampoco tenemos una reserva de aprovechamiento, simplemente tenemos unos terrenos que siguen siendo propiedad dominical de los recurrentes».