La Comisión Permanente de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del PSPV-PSOE, bajo la dirección del secretario general, Ernest Blanch, aprobó anoche dos resoluciones: una sobre la discriminación laboral y la brecha salarial que sufren las mujeres y otra de adhesión al documento que ha aportado el Govern de Botànic que preside Ximo Puig al debate sobre la necesaria reforma de la Constitución de 1978.

Los socialistas de la provincia de Castelló se suman a la iniciativa de los sindicatos UGT y CCOO de convocar dos horas de huelga el próximo día 8 de marzo, festividad de la mujer trabajadora, para concienciar y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la injusticia que supone la existencia de altísimos niveles de discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida, también en el laboral. Así se ha aprobado en el transcurso de la reunión de la Comisión Permanente de la Comisión Ejecutiva Provincial.

Ha sido el preámbulo a la aprobación de una resolución en la que se exige que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rectifique sus manifestaciones del pasado día 24 de enero en las que al ser preguntado sobre la brecha salarial que padecen la mujeres, espetó un sorprendente y desconcertante «no nos metamos en eso».

Al contrario de lo que hace Rajoy, los socialistas de Castelló «sí nos queremos meter en este asunto, por ser uno de los problemas más preocupantes que en estos momentos tiene nuestra sociedad». Así lo ha defendido la impulsora de esta moción, la secretaria provincial de Igualdad, Rocío Ibáñez.

La permanente de la CEP ha aprobado una segunda resolución por la que el PSPV-PSOE se adhiere al documento elaborado por el Consell de la Generalitat en el marco del debate que se ha suscitado sobre la necesidad de que se proceda a realizar una reforma de la Constitución de 1978.

Una puesta al día que se considera necesaria porque este mismo año se celebrarán 40 años de su entrada en vigor y es preciso adaptarla a la nueva realidad que se vive en el Estado.

Una reforma que, aunque no será fácil, debe hacerse con el máximo consenso posible, para lo que sería conveniente que previamente haya un debate público ordenado. La nueva constitución debe guardar un papel estelar para los ayuntamientos y para las Comunidades Autónomas.