El presidente de la Diputación de Castelló, el conservador Javier Moliner, ha dado, una vez más, muestras de su habilidad, y ha tratado de sortear la presión política de los grupos de la oposición a costa de la creciente implicación del exjefe del Consell, Francisco Camps, en los casos de corrupción de su partido, con una pirueta política.
La oposición de la institución pedían la dimisión de Camps como miembro del Consejo Jurídico Consultivo (CJC). Moliner ha frenado ese intento de reprobación al otrora mandatario popular y, como alternativa, llevará al pleno una moción en la que se solicita la reforma del CJC.
La propuesta que el PP llevará al pleno de la corporación del próximo martes dice textualmente: «Instar al Consell a aprobar los proyectos de ley necesarios para modificar la ley de creación del Consell Jurídic Consultiu y la Ley de Estatutos de expresidentes para despolitizar el nombramiento de los miembros de la referida institución y también recoger las propuestas acordadas por los grupos políticos con representación en las Cortes en ambas leyes».
A esta moción, el Grupo de Compromís ha presentado una enmienda que incluye la renuncia de Camps como miembro del CJC.
