La situación financiera del Ayuntamiento de Vila-real amenaza con provocar la quiebra del consistorio debido al riesgo que suponen las posibles obligaciones de pago de las reclamaciones sobre expedientes urbanísticos provenientes de la burbuja inmobiliaria y de la gestión del anterior equipo de gobierno.
El consistorio hizo público ayer el informe que ha remitido a Hacienda y en el que se especifica el riesgo financiero detectado por los técnicos. Es decir, el dinero que tendría que pagar el ayuntamiento si todas las reclamaciones fueran aceptadas.
El riesgo, denominado pasivo contingente, se compone de expedientes de expropiación que se encuentran en diversos estadios de tramitación, tanto en la Junta Provincial de Expropiación, como en los juzgados. Unificados los procesos, el pasivo contingente asciende a 48,5 millones, más del 100% del presupuesto municipal que en 2017 ascendió a 43,6 millones.
Cabe añadir que existen reclamaciones de expropiaciones a las que el ayuntamiento tiene que hacer frente de forma inmediata por un montante de 4,3 millones de euros. Es decir, que los tribunales ya han decidido sobre ellas y no cabe más reclamación, por lo que el consistorio debe pagarlas. Esta cantidad debe sumarse a los 48,5 millones ya citados.
De esta manera, el consistorio se encuentra en la actualidad con un plan económico financiero incumplido, con una deuda reconocida en la liquidación de 2016 de 19,7 millones de euros, un pasivo contingente de 48,5 millones de euros y con los presupuestos de 2017 prorrogados.
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, explicó ayer en rueda de prensa en referencia a Hacienda que «el ministerio está preocupado por esta cuestión; nosotros hemos incumplido el plan económico financiero al que nos comprometimos en 2016, pero es que es prácticamente imposible reequilibrar las cuentas del ayuntamiento si cada dos por tres tienes reclamaciones o sentencias que descuadran absolutamente todos los pronósticos».
En este sentido, el riesgo de intervención formal del ayuntamiento por parte del ministerio de Hacienda es factible, aunque el primer edil aseguró ayer que va a presentar batalla si aparece ese escenario.
Benlloch manifestó al respecto que espera que el ministerio «entenderá la situación de Vila-real, que es extraordinaria y nos ayudarán», aunque indicó que «estamos en riesgo de que el ministerio diga: los 5 millones de remanente, a pagar la deuda; suba usted los impuestos, que los tiene muy bajos; suba la tasa de deportes, deje de hacer tantas actividades en la calle y convenios con entidades...aunque tienen tanto derecho ellos a proponerlo como nosotros a defendernos en el marco de la Constitución».
El equipo de gobierno estudia ahora los pasos a tomar y que deben pasar por la liquidación del presupuesto de 2017, la redacción de un nuevo plan económico financiero y la aprobación de los presupuestos de 2018.
Al respecto, Benlloch indicó que el ejercicio 2017 se cerrará con aproximadamente 800.000 euros de déficit, lo que permitirá que los casi 5,4 millones de euros de presupuesto no ejecutado se destinen a inversiones, aunque todavía está pendiente la liquidación del presupuesto.
Al tiempo, los servicios económicos deberán elaborar un nuevo plan económico financiero, dado que el de 2016 se ha incumplido de facto. La liquidación certificará ese incumplimiento, como asumió ayer Benlloch.
Por lo que se refiere a la aprobación de los presupuestos, todavía no es urgente, pero debería acometerse en breve debido a que diversos programas de empleo de la Generalitat en los que ha participado Vila-real se financian con cargo a partidas que no estaban incluidas en el presupuesto de 2017 y que, por tanto, no podrían ser abonadas ni las nóminas ni los gastos a los proveedores con un presupuesto prorrogado. El alcalde indicó que contempla aprobar la liquidación y los nuevos presupuestos el mismo día, aunque no está definido el escenario.
