La batalla entre PP y Ciudadanos por el control del espacio del centro-derecha comienza a disputarse palmo a palmo y en cualquier foro político. Ayer, el pleno de la Diputación de Castelló no fue un excepción. Los conservadores, al cobijo de tres mociones sobre corrupción política con el exjefe del Consell, Francisco Camps, en el centro del debate, dieron una vuelta de tuerca a su estrategia por desacreditar a la formación naranja y frenar la pujanza electoral que le atribuyen las encuestas.
La portavoz del Grupo de Ciudadanos, Cristina Gabarda, acusó al ejecutivo provincial que lidera Javier Moliner, de «frenar la regeneración democrática». Desde las filas populares se puso el acento en la «incoherencia» del planteamiento político de Ciudadanos e incluso se llegó a dudar de la capacidad de su portavoz, Cristina Gabarda.
Los protagonistas del enfrentamiento de esta, cada vez más enconado, pugna dialéctica entre el PP y Ciudadanos fueron Vicent Sales, vicepresidente de la corporación, por parte de los primeros, y Cristina Gabarda, portavoz del Grupo de Ciudadanos. El número dos del PP en la institución provincial no escatimó medios en su intento por dejar entredicho la capacidad de la portavoz del Ciudadanos y, en el marco del debate de una moción, le espetó: «No lo entendería [Cristina Gabarda] ni aunque se lo explique con manzanas».
Gabarda trajo a colación el supuesto pago de dietas a diputados del PP relacionados con actos del partido. La reacción de los conservadores fue furibunda. El presidente Javier Moliner, frenó la insinuación de Gabarda y rechazó que la institución haya pagado dietas por actos ajenos a la Diputación. Moliner añadió que sólo ha habido una excepción, precisamente una factura de 450 euros que Gabarda presentó a cobro por unos gastos derivados de un acto de partido en Gavá. Los técnicos de la Diputación denegaron abono. Gabarda admitió que presentó la factura, y que no discutió la resolución de los técnicos.
El debate político del pleno de ayer más intenso fue el vinculado a la corrupción, y en concreto a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano y el papel en ese entramado de Camps.
Los populares hicieron valer su mayoría absoluta para rechazar una moción conjunta de la oposición en la que pedían la dimisión del expresidente Camps como miembro del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) «por dignidad democrática» de la institución. El PP lo rechazó porque no hay una condena en firme sobre el exjefe del Consell y, además, echó en cara, especialmente el PSPV, la lista de supuestos casos de corrupción que afectan a la oposición.
El PP sí sacó adelante su moción en la que pedía una reforma de los estatutos del CJC para despolitizar este órgano.
