La Generalitat Valenciana ha condonado la deuda de la sociedad pública del aeropuerto de Castelló (Aerocas) y ha encargado un informe a la Abogacía del Consell para que dirima si hay responsabilidades en las etapas en Aerocas de Carlos Fabra y José Císcar por la herencia económica recibida.
La junta general de socios del aeropuerto de Castelló, representada al 99 % por la Generalitat y por un 1 % por la diputación, confirmó ayer una operación de capital que permite liberar a Aerocas del pago de los 149 millones de euros que debía al Ejecutivo valenciano. Esta cantidad se generó porque el antiguo Consell financió la construcción del aeropuerto a través de préstamos a pesar de que era una instalación de su titularidad.
Esta deuda amenazaba con llevar a la liquidación a Aerocas. «La situación era terminal», advirtió ayer el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, tras reunirse con Javier Moliner, presidente de la diputación, socio minoritario de Aerocas. El Gobierno valenciano ha optado por eliminar el pago de esta deuda a fin de garantizar la sostenibilidad de Aerocas y evitar su quiebra. Para ello, primero realizó una ampliación de capital mediante una compensación del importe a deber. En segundo lugar, aprobó una reducción de capital de 160 millones para restablecer el equilibrio de la entidad, quedándose el capital social definitivo en los 25 millones.
Soler subrayó que para llevar a cabo esta operación el Consell había puesto dos condiciones; estudiar si es posible pedir responsabilidad a los anteriores gestores por el «quebranto económico» e invitar a participar en la misma a la diputación. En el primer caso, Soler informó que solicitarán opinión a la Abogacía del Consell para que analice si es posible emprender alguna acción -no concretó si sería patrimonial o penal-contra los antiguos gestores de Aerocas.
El exdirigente de la diputación, Carlos Fabra, fue presidente de Aerocas desde que se constituyó en 2003 hasta 2013. Aunque el Consell acaparaba las participaciones económicas, Fabra llevaba las riendas de la sociedad. Dimitió en 2013 forzado por una causa judicial por la que acabó en la prisión. En 2013, asumió el cargo de Aerocas el exvicepresidente del Consell, José Ciscar. Soler puntualizó que no se dirigen contra miembros concretos de Aerocas y remarcó que el dictamen dilucidará qué acciones se emprenden.
Respecto a la segunda condición, el conseller de Hacienda indicó que la diputación rechazó el ofrecimiento del Consell de participar en la operación de capital de acuerdo a su peso accionarial.
