Eligió mal día el Grupo Municipal del Partido Popular para conectar el ventilador de la corrupción a raiz del pleno extraordinario del Ayuntamiento de Castelló sobre los casos en la ciudad tras la batería de juicios y nuevas investigaciones anunciada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El portavoz adjunto del PP, Juanjo Pérez Macián, insinuó que el portavoz de Castelló en Moviment había adquirido en 2016 un inmueble en la ciudad mientras los votos de su formación son determinantes para lograr la mayoría en el pleno. Así mismo, retomó un caso de 2014 en el que se retuvieron cajas con sobres de propaganda electoral de Compromís que supuestamente habían de ser enviadas por los servicios de correo del ayuntamiento.
No obstante, no se puede conocer el detalle de la denuncias, recibidas por el Fiscal ayer mismo, porque el partido no quiso facilitarlas y se remitió a la intervención de Macián en el pleno.
De la misma manera, el portavoz adjunto del PP extendió la sospecha sobre el concejal de Urbanismo, Rafa Simó, y sobre la alcaldesa Amparo Marco, al asegurar que «el equipo de gobierno ha pagado más de 6 millones de euros en facturas irregulares a empresas que ustedes vinculan con la corrupción». E insistió: «¿Se llevan mordida de esos seis millones y pico de euros?».
Respecto a la corrupción del PP en el Ayuntamiento de Castelló, cuestión que motivó el pleno extraordinario de ayer, Macián apuntó que «ni el actual grupo popular en la oposición, ni los anteriores equipos de gobierno han tenido caso de corrupción alguno y eso nos permite tirar la primera piedra». Pérez Macián basó su argumentación en que la comisión de investigación abierta en el consistorio en 2010 y presidida por Enric Nomdedéu no halló indicios de contratación irregular.
El pleno, al que no asistió el presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, alejando problemas de agenda, aprobó por unanimidad la propuesta de resolución que instaba a modificar el reglamento del Consell Social de la ciudad para que los condenados por corrupción no puedan formar parte del mismo. Además, se extendió el acuerdo al resto de órganos municipales y se acordó crear una oficina antifraude para luchar contra la corrupción.
Por su parte, en las intervenciones del resto de portavoces, Rafa Simó, del PSPV, aseguró que reivindicó el trabajo de sus concejales y diputados para denunciar la corrupción del PP y recordó que «sufrieron en persona el caciquismo más demoledor».
Ignasi García, de Compromís, preguntó a la bancada del PP cuándo y cómo van a devolver el dinero robado, una pregunta a la que se sumó el portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor quien indicó que gran parte de los ediles y diputados del PP de Castelló ya figuraban en las listas de 2007 y sobre las cuales se está dirimiendo en sede judicial una acusación de financiación ilegal.
La portavoz del equipo de gobierno, Verònica Ruiz, acusó al PP de «tratar como bobos a la ciudadanía», mientras que la alcaldesa, Amparo Marco, hizo un aparte para reiterar que el PP azuza una «orgía de la confusión» y para poner en boca de un empresario la frase: «Aquí ya nadie pide dinero».
