El senador de Compromís de Compromís y portavoz del grupo mixto, Jordi Navarrete, lamenta la indefinición del Gobierno respeto a la puesta en marcha de las desaladoras de Moncofa y Orpesa.

Navarrete preguntó ayer en la comisión de Medio Ambiente por las previsiones de futuro respecto a las desaladoras de Cabanes y Moncofa y, según afirmó, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, se dedicó «a excusar la inacción del Gobierno apuntado a responsabilidades del ejecutivo de Zapatero, que fue quien aprobó estos proyectos» y a «exponer vaguedades como supuestos contactos con los ayuntamientos para renegociar los convenios, pero sin llegar a concretar cuando y en qué plazo se van a poder abordar estas renegociaciones».

«Hemos salido de la comisión con las mismas incógnitas con las que hemos entrado. Simplemente nos han explicado que algún día funcionarán, pero no se sabe cuando, ni cómo, ni de qué manera, todo ello a pesar de estar finalizadas desde hace años y en teoría obligados a ponerlas en funcionamiento para no ser sancionados económicamente por la UE», indicó el representante de Compromís. «O realmente el Gobierno no tiene ni idea de qué hacer con estas desaladoras, o no quiere contarlo», afirmó Navarrete.

El senador por Castelló recordó que estas «dos desaladoras nacieron en 2005 para permitir grandes actuaciones urbanísticas que no se llegaron a materializar (los grandes PAIs de Cabanes-Orpesa, Moncofa y Xilxes), con la connivencia del PSOE en el Gobierno central y el PP y PSOE en los gobiernos municipales que firmaron los convenios».

«Todo el proceso de estos proyectos, ha estado trufado de irregularidades, errores de cálculo, sobrecostes, negligencias técnicas, políticas, administrativas e incluso posibles delitos», subrayó.

Navarrete indicó que las desaladoras fueron construidas con 55 millones de coste cada una. Se invirtieron fondos FEDER de la Unión Europea; 17,2 millones de euros para la de Cabanes y 17,9 para la de Moncofa. El Gobierno tiene de tiempo hasta el 31 de marzo de 2019 para activarlas si no quiere perder las ayudas de 35 millones de la UE. Los agricultores consideran insostenibles los precios del agua de estas plantas.