Tres colectivos vecinales de Castelló han presentado por registro de entrada en el Ayuntamiento de Castelló una petición oficial para que la alcaldesa, Amparo Marco, convoque un referéndum entre los ciudadanos para que se posicionen en torno al cambio de nombre de la ciudad que plantea Compromís. Se trata de la Federació d'Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castelló, presidida por Amalio Palacios; la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, liderada por Vicky Amores, y la Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas (Coasveca), con Francisco Cabañero como presidente.

En el escrito los tres colectivos hablan directamente de la «nueva polémica en la ciudad», el posible cambio de nombre oficial de Castellón a Castelló. A juicio de estas entidades, muy críticas con los partidos firmantes del Pacte del Grau -PSPV, Compromís y Castelló en Moviment- y el ascenso a la alcaldía de la socialista Amparo Marco, «para la mayoría de los ciudadanos existen problemas más graves que una 'N', o será porque hemos sabido convivir con tolerancia y el respeto a los dos idiomas». Las entidades vecinales hacen en su escrito de historiadores y asumen como bueno que fue el rey Jaime I de Aragón el que, el 8 de septiembre de 2151, permitió el traslado de la ciudad, denominándola 'Castellón de Burriana», algo que expertos como el doctor de la UJI Vicent Garcia Edo ya han dejado claro que fue «Castelló», sin la famosa 'N'.

Pese a todo, Amalio Palacios, Vicky Amores y Francisco Cabañero suscriben un escrito en el que aseveran que, basándose en «la historia de nuestra ciudad, la pretensión de algunos políticos de eliminar el nombre de Castellón de la Plana no tiene justificación alguna». Por lo tanto, se preguntan «qué sentido tiene y cuál es la razón por la que quieren herir los sentimientos de muchos castellonenses sin necesidad alguna», añadiendo «por qué quieren generar más gastos al contribuyente».

Las asociaciones firmantes apuntan que apoyarán «cualquier iniciativa tendente a consolidar el valenciano como idioma propio de nuestra tierra, abanderado de la cultura castellonense, pero siempre desde el respeto al castellano en cumplimiento con la Constitución y el Estatuto de Autonomía».

Aseguran por otro lado valorar la opinión de «reconocidas personas vinculadas a la cultura y tradiciones de nuestra ciudad, pero nos llama la atención que, a pesar de ser una medida de gran calado para la población, pretendan tomarla de espaldas al pueblo». Añaden a ello la reflexión de que «las imposiciones realizadas unilateralmente únicamente consiguen el rechazo frontal de una parte de la ciudadanía que, hasta ahora, ha sabido convivir a lo largo de su historia reciente».

Con todo ello, apelan finalmente al diálogo y consenso y proponen que el consistorio «realice una consulta popular a la ciudadanía» para que «la democracia adquiera el principal protagonismo, avalando así la convivencia y la tolerancia entre todos».