n El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el concejal de Territorio, Emilio M. Obiol, se reunieron recientemente con el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Francisco Javier Quesada. El motivo de la cita no era otro que tratar de desbloquear la modificación del puntual del PGOU solicitada hace ya más de un año, que daría solución al riesgo de 231 millones de euros por aprovechamientos urbanísticos generados por la gestión del suelo en los años de gobierno del Partido Popular, aplicando los nuevos instrumentos introducidos por la LOTUP. Además de instar a la Generalitat a resolver con urgencia sobre esta modificación, Benlloch ha trasladado a los responsables del Consell la intención del equipo de gobierno de relanzar también la revisión del plan general iniciada en 2008.

«En los nefastos años del mal llamado urbanismo a coste cero, el PP de Vila-real se dedicó a vender parcelas en la luna, concediendo a los propietarios derechos de metros de techo, a cambio de solares, que sabían que era imposible materializar. A estos aprovechamientos ficticios se suma, a partir de 2008, una revisión del plan general también irreal, que planteaba un Vila-real para 130.000 habitantes», apunta Benlloch, quien recuerda que la propia Generalitat del PP consideró inasumible la revisión del PGOU planteada.

«Cuando llegamos al gobierno municipal en 2011", incide, "encontramos una revisión de plan imposible y una gestión urbanística perversa, a base de reservas de aprovechamiento, con las que el PP se dedicó a jugar al casino con los derechos y el suelo de los vila-realenses». «El resultado de esta tremenda irresponsabilidad es la sangría de empastres y sentencias a las que tenemos que hacer frente ahora, con cerca de 30 millones pagados ya y los que, lamentablemente, quedan todavía por llegar», lamenta.

Hasta el año 2015, con la entrada en vigor de la Ley valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), el consistorio de Vila-real no contó con los instrumentos necesarios para plantear una salida a la situación. «Esta nueva legislación, de la que todavía no tenemos ni reglamento, nos proporcionó los instrumentos necesarios para empezar a tejer una salida a los empastres urbanísticos del PP en Vila-real», señala el alcalde, mediante bolsas de suelo urbano en las que en su día hubo industrias para materializar los derechos de los propietarios.

El estudio, que calcula en 231 millones de euros el riesgo futuro por reservas de aprovechamiento, se remitió a la Conselleria de Medio Ambiente para su evaluación ambiental y estratégica en noviembre de 2016.

«Desde entonces, se han tramitado una decena de consultas a otras administraciones y mantenido contactos y reuniones con la Dirección General del Medio Natural para tratar de avanzar en una solución de vital importancia para el futuro de Vila-real. Sabemos que es complicado, que cualquier modificación de planeamiento debe tener garantizados los recursos y dotaciones que aseguren la sostenibilidad y vertebración del territorio, pero ha pasado ya más de un año y no podemos esperar más; es urgente que la Conselleria se pronuncie ya sobre este documento», concluye.