El exalcalde de Segorbe, Rafael Calvo, calificó ayer de «actitud cobarde» y de querer poner una «cortina de humo, por un lado, para justificar el dinero que se han gastado en las auditorías y, por otro, para justificar la nefasta gestión del PSPV-SP» el que el actual equipo de gobierno haya llevado a la Fiscalía de Castelló dos temas sobre la gestión urbanística y de contratación del anterior equipo de gobierno popular.

Los asuntos en cuestión presentados en la Fiscalía ponen en duda la ampliación del contrato del suministro de agua potable y el gasto de 1.388.058 euros invertidos en la firma de un convenio para conectar la subestación eléctrica de la pedanía de Villatorcas con Segorbe.

El que fuera alcalde durante veinte años de Segorbe consideraba ayer que si «tan seguros están de que hay hechos constitutivos de delito lo que deben hacer es ir al juzgado y poner una querella argumentando este posible delito».

Calvo quiso dejar claro que todos los acuerdos que se han llevado a pleno durante su gobierno «siempre han ido con la convicción que de estaban dentro del marco de la legalidad, como así se hacía constar en los informes de los técnicos y la aprobación del secretario, en los que siempre he confiado plenamente por su profesionalidad, por lo que los expedientes han ido a pleno conforme a lo que aconsejaban».

En este sentido, el ex alcalde popular apuntó que «si en su día faltó algún informe, siempre ha sido desde el desconocimiento y el pensamiento de que no era perceptivo, al igual que lo debió pensar la oposición en su día, ya que nunca denunció la falta de los mismos».

El ex alcalde afirmó sentirse «muy tranquilo» y estimó que en durante su etapa al frente del consistorio «hemos podido cometer errores y que hayan podido faltar informes administrativos en algún expediente que los técnicos no hayan considerado perceptivos, pero nunca hemos cometido ilegalidades que perjudiquen los intereses de los segorbinos, ni nos hemos llevado un céntimo a casa». Para Calvo no se trata más que «de un hecho para salir en los titulares de prensa e intentar manchar la imagen del anterior equipo de gobierno, sin ningún otro fin».

Con respecto a la subestación, Calvo justificó el convenio alegando que «no salió a concurso porque no fue obra pública, sino fue con un concesionario al que llegamos a un acuerdo con Iberdrola primero para atar un presupuesto final que posteriormente no incrementase el coste al ejecutarlo otra empresa y segundo por no tener que pasar más revisiones posteriores por Iberdrola porque ya ellos hacían la obra». La obra en cuestión suponía llevar por vía subterránea desde Villatorcas cinco líneas de luz de la estación eléctrica para obtener más potencia para las nuevas UE por un coste de más de un millón de euros, que repercutía en los propietarios de las actuaciones urbanísticas. Un hecho que se aprobó por todos los grupos políticos en pleno, así como la ordenanza que lo regía.

Con respecto al suministro de agua, Calvo explicó que la situación en su día se llevó a pleno con «todos los informes, transparencia y todos eran conocedores de los trámites». «Si consideraron que faltaban expedientes, debían haberlo denunciado y nunca nadie presentó alegaciones», matiza.

Cabe destacar que, durante el actual mandato, el ayuntamiento ha encargado dos auditorías: una con el objetivo de fiscalizar los procedimientos de contratación de importe superior a 15.000 euros desarrollados por el anterior equipo de gobierno del PP del 1 de enero de 2010 al 15 de junio de 2015 y otra para la realización de un análisis de la gestión urbanística a fecha de 31 de diciembre de 2015.