El Defensor del Pueblo ha constatado en su reciente informe anual entregado al Congreso y al Senado el problema la pérdida de consultas y citas médicas que sufren los presos y la falta de un número adecuado de médicos en cárceles como la de Alicante II-Villena o la de Castellón II-Albocàsser, entre otras.
La última información disponible pone de manifiesto que, en algunos establecimientos penitenciarios, el número y porcentaje de consultas médicas, pese a estar programadas con mucho tiempo de antelación.
Por tanto, el organismo que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, considera que han de ser tomadas medidas que tengan «efectividad directamente por sí y que no dependan de la coincidencia de la salida y la fijación de una cita médica, particularmente si nos referimos a internos que se encuentran en primer y segundo grado de tratamiento».
Además, se da la circunstancia de que en los centros penitenciarios como el de Albolote (Granada), Algeciras (Cádiz), Alicante II-Villena, Burgos y Castellón II-Albocasser,, existe un porcentaje «llamativo» de consultas programadas y no realizadas de las que no resulta posible conocer el motivo.
