El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules ha abierto diligencias previas sobre el contrato de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Almenara para investigar si hubo un delito de prevaricación administrativa.
Tras la admisión del recurso del grupo municipal del Partido Popular contra el archivo de la prórroga y contratación de los servicios jurídicos en el Ayuntamiento de Almenara el 31 de julio del 2015 al considerar que el sobreseimiento del proceso era prematuro y que había que completarse la instrucción, el juzgado ha decidido abrir diligencias instructoras y la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, deberá declarar por este caso en calidad de querellada.
El auto, al que ha tenido acceso el grupo popular de Almenara como denunciante, procede requerir al consistorio de la Plana Baixa para que aporte certificación de las sumas cobradas por el letrado desde ese 31 de julio del 2015, los conceptos a los que se corresponden y de la actuación llevada a cabo hasta el posterior decreto de nulidad, o relativos a tal periodo.
En este caso está en tela de juicio la prórroga de un contrato de servicios jurídicos mediante un proceso negociado sin publicidad.
En cuanto a los antecedentes, el auto de la Audiencia Provincial de Castelló emitido el 18 de enero acordó que continuara con la instrucción de los hechos archivados por el juzgado de Instrucción. Los razonamientos jurídicos dictados en el auto desprenden que el visionado de la declaración prestada por la secretaria titular del consistorio revela que la misma verbalmente había puesto de manifiesto con anterioridad a sus vacaciones la imposibilidad de prorrogar el contrato del abogado por el proceso de negociado sin publicidad dada su cantía» y apuntaba que «el modo en que suceden los hechos, en ausencia de la titular, en contra de su criterio no permiten excluir la posible trascendencia penal del hecho» que se investiga.
El contrato que se investiga es superior a 60.000 euros y es por ello que debía haberse publicitado a la libre concurrencia de las empresas.Recordar que el grupo municipal del PP advirtió de la irregularidad y la Junta de Gobierno emitió un dictamen de nulidad respecto de la prórroga.
Según el auto «aunque se dice que la prórroga del contrato no tuvo efecto, pues se declaró nula en agosto, la testigo refirió que durante unas semanas se habría tenido efecto, sin que pudiese informar sobre la existencia de posibles cobros» por lo que, tal y como estima «resulta de interés completar la investigación aportando a las actuaciones certificación de las sumas cobradas por el letrado desde el 31 de julio del 2015, los conceptos a los que se corresponden y de la actuación llevada a cabo hasta el posterior decreto de nulidad, o relativos a tal periodo». En el auto también se indica que como Vicente Gil ya no era alcalde de Almenara por esas fechas no deberá declarar en calidad de querellado «al no desprenderse del escrito de querella elemento alguno que permita intuir su participación en los hechos».
