08 de abril de 2018
08.04.2018

¿Qué les diremos a nuestros hijos?

08.04.2018 | 12:07

Están las tasas universitarias y la competencia laboral como para no saber lo que cuesta un máster en todos los sentidos: económico y de sacrificio. Pero el caso de Cristina Cifuentes no es el hecho en sí, sino lo que representa. Que el Partido Popular quiera arrinconarlo en la anécdota, como ha hecho el diputado nacional por Castelló Miguel Barrachina en las últimas horas, dice mucho de esa forma de gobernar que intentan vender como superada pero que una vez más se ha demostrado que sigue tan vigente dentro sus filas como el primer día.

«Mientras que a otros les preocupa exclusivamente si un máster privado cumple todos los requisitos, hoy nosotros hablaremos del empleo, de las pensiones y las mil preocupaciones reales de los españoles», ha dicho. Y yo digo que no nos preocupa «exclusivamente» un máster, que además no es privado, sino 'cursado' por una persona que, como yo, cobra un sueldo público y su currículum es tan público como el mío. Y el caso está tan relacionado con el empleo, las pensiones y las mil preocupaciones de los españoles que intentar arrinconarlo en la anécdota es alejarnos de la realidad porque cumplir los requisitos, atenernos a la legalidad, supone la primera obligación de quienes gobernamos.

Tratan de hacernos creer que los años de opulencia y privilegios pasaron, pero no lo han hecho. De la anécdota que podría ser el curriculum de la presidenta madrileña subyace el enchufismo y hasta el posible delito de falsificación de documentos. La delgada línea entre lo inmoral y lo ilegal nos devuelve a aquellos años no tan lejanos de abrazos en la espalda de Carlos Fabra, de defensa a capa y espada hasta que las cosas empezaron a ponerse feas en los tribunales y los suyos, que muchos siguen en política, se apartaron de la foto.

Hoy en Sevilla defienden a Cristina Cifuentes. Mañana ya se verá. Pero lo que ya se ha visto es que, como la inmoralidad, el empleo, las pensiones y el resto de preocupaciones les importan bien poco. Si no, ella ya estaría fuera de la política, los pensionistas no estarían manifestándose en las calles y las comunidades autónomas recibirían la financiación que merecen del Estado para, por ejemplo, activar planes con los que crear trabajo.

Me quedo con la desazón de haber comprobado que los privilegios siguen vigentes hasta en la Universidad, la institución más alta de la enseñanza pública. Más allá del desenlace político, no dejo de pensar en esos padres que estarán pagando los estudios de sus hijos con el esfuerzo propio de cualquier familia trabajadora. Y, sobre todo, en qué les dirán, qué les diremos, cuando nos pregunten que para qué tienen que esforzarse tanto para labrarse un futuro si otras personas lo tienen tan fácil.

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