El director en funciones de la banda municipal de Castelló, José Vicente Ramón Segarra, rompió ayer su silencio dos años después de estallar el conflicto por los problemas internos en la formación y de conocerse que el equipo de gobierno estaba trabajando en unas nuevas bases para elegir al director de la banda que le dejaban a él con pocas opciones de conseguirlo. Y del silencio pasó al ataque con una estrategia orientada a los juzgados: dos querellas contra sendos concejales del equipo de gobierno y un recurso contencioso administrativo en el juzgado destinado a paralizar todo el proceso de cambio de las bases al considerarlo ilegal.

Ramón Segarra, que anunció desde el primer momento que no va a presentarse al puesto, concretó las dos querellas en las personas de Verònica Ruiz, concejala de Cultura, a quien acusa de «acoso», y de Antonio Lorenzo, concejal responsable del área de Recursos Humanos, por considerar que ha prevaricado al cambiar unas bases que, a su juicio, se han hecho para cerrarle a él las puertas.

En concreto, destaca que las nuevas bases, publicadas el pasado 15 de marzo y que ayer cerraron el plazo para presentar candidaturas, han sido una «burla» hacia su persona, al discriminarle y negarle «la experiencia de 6 años trabajando» como director en funciones de la banda desde la jubilación del maestro Signes en 2012.

En concreto, se refiere a que en la fase de concurso se valorará la experiencia como director de banda de música encuadrado en el subgrupo A1, recordando en este sentido que todos los músicos, él incluido, de la formación de Castelló están encuadrados en el subgrupo A2. «Me discrimina por el hecho de haberme dedicado a trabajar aquí y cualquiera que venga de otra administración pública tendrá valorada su experiencia», se lamenta Ramón Segarra. En este sentido, recuerda que «en todo el país las titulaciones superiores se pagan con la categoría de A1, pero aquí los puestos se quedaron en la A2» desde el año 2005.

Con todo ello, insiste en que ha tomado la decisión de no presentarse porque eso sería «aceptar» un procedimiento que considera «ilegal», por lo que lo ha recurrido en los juzgados. «Las bases como bases pueden estar bien y pueden ser más crueles que ilegales, pero el procedimiento, el de «cambiarlas arbitrariamente», es lo que sustenta el contencioso.

José Vicente Ramón Segarra quiere destacar dos etapas diferenciadas: la que va de 1988 a junio de 2016, en la que, a su juicio, se sacó a la banda de su casi desaparición a relanzarla, y la que va de ese verano de hace dos años a la actualidad, fecha desde la que la Banda Municipal de Música no existe «más que para lo escabroso». Segarra se preguntaba ayer el porqué de esta presunta campaña hacia su persona. «No sé por qué se ha hecho, pero sí sé que no se puede discriminar ni acosar de esta manera, y los motivos que tengan, probablemente los sabrán ellos. Lo único que sé es que el objetivo soy yo». En esta línea, recalcó que «hay personas, hay gobiernos, hay formas de proceder que han culminado en todo esto. Por qué, no lo sé. Solo sé que Dios existe, pero aquí todavía no ha actuado, y cuando actúe lo pondrá todo en su sitio».

Desprecio y vacío

Ramón Segarra se queja sobre todo del «desprecio» y «vacío» que se le está haciendo por parte del gobierno municipal, destacando por ejemplo que el concejal de Recursos Humanos, Antonio Lorenzo, «nunca» ha contestado a sus correos electrónicos, llamadas, informes o petición de reuniones, mientras que las reuniones con la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, eran «un suplicio de defensa personal hasta que llegó el momento en el que las reuniones desaparecieron y se produjo el gran vacío». En la actualidad las relaciones con ambos son, según desvela, inexistentes. Sobre los problemas internos entre varios miembros de la formación, asevera que «si la banda fuera lo que se ha retratado en los medios de comunicación no se habría trabajado de manera tan compacta, con tanta dignidad y calidad».

Eso no oculta que el propio director denunciase a otros compañeros por lo que consideraba «acoso» personal y otras situaciones complicadas, como el ejemplo que puso de alguien que defecó al lado de la silla de uno de los músicos o de anónimos dirigidos a su casa. A su juicio, «aquí no se puede hablar de bandos dentro de la banda, sino de delincuencia. Y esto no lo hacen 30 personas sino unos que se consideran impunes porque son amigos de los que mandan. Esto ha sido un acoso y derribo, quién sabe si porque algunas de esas personas tienen un hijo o familiar» al que pudiesen beneficiar unas nuevas bases.

Eso sí, insiste en el «acoso» que ha sufrido, «tanto en el trabajo como en el ámbito de la vida personal y familiar», con grupos de wasap creados «únicamente para presionar y acosar al director», fotografías, anónimos llegados a su domicilio e intimidaciones, así como pinchazos en las ruedas del coche.

También manifiesta sentirse «señalado» por el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, por un artículo en este diario en el que indicaba que había que buscar una dirección para superar la actual situación porque «alguna responsabilidad directa debe tener el actual director».

José Vicente Ramón Segarra, que asegura que no dimitirá y que seguirá con su plaza de subdirector, considera que no tiene culpa alguna de la actual situación de la banda, destacando que con él ha sido capaz de multiplicar la actividad hasta junio de 2016. Desde ese momento, los medios «pasaron a centrarse en problemas internos, generados de forma interesada y artificial». Además, la banda llegó a perder más del 80 % de público en cada concierto, dándose el caso de conciertos que dieron «para cero espectadores».