La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, se mostró ayer visiblemente enojada por volver a salir a la palestra el nombre de Juan Ángel Lafuente y sus vínculos con el ayuntamiento, en este caso por haber sido elegido por la UJI como una de las personas responsables de dirigir la cátedra Ciutat de Castelló que el ayuntamiento, con un presupuesto de 75.000 euros, ha impulsado junto a la Jaume I. Al respecto, la alcaldesa se negó a hablar de nuevo del «caso Lafuente», al señalar que «todos los 'casos' que yo conozco son por corrupción, y aquí yo no veo ni corrupción ni malversación». Amparo Marco le preguntó a Castelló en Moviment «si ahora va a poner también en duda» que la propia alcaldesa, junto a un técnico de la casa, sean los representantes municipales en la citada cátedra, destacando en ese sentido su propio currículum como doctora en Administración y Dirección de Empresas». Lafuente supuso hace un año la que ha sido hasta la fecha gran crisis política entre los partidos que forman parte del Pacte del Grau, algo que pese a todo ayer siguió defendiendo la alcaldesa «porque fue un nombramiento de una comisión de servicios perfectamente reglada y legal».

Como se recordará, en febrero del año pasado la alcaldesa, Amparo Marco, apostó por Lafuente como director de la Oficina de Planificación y Proyección Económica del ayuntamiento, una designación que dejó solos a los socialistas ya que ni siquiera Compromís y Castelló en Moviment la avalaron. El problema para Juan Ángel Lafuente fue que estaba dentro de la lista electoral socialista para los comicios de 2015, aunque no obtuvo plaza al ser siete los concejales elegidos y quedarse él a las puertas al ocupar el puesto octavo.

El profesor universitario siguió con su carrera profesional en la Jaume I pero la sorpresa vino en enero de 2016, cuando la edil socialista Carme Oliver anunció su dimisión. Lafuente tuvo la ocasión de ser concejal, pero decidió renunciar al preferir seguir con su trabajo en la UJI, por lo que fue Carmen Ribera la nueva edil socialista.

Con este baile político de fondo, en febrero de 2017 se dio a conocer el nombramiento de Juan Ángel Lafuente para encargarse de la Oficina de Planificación y Proyección Económica, una decisión que desde Compromís y Castelló en Moviment se consideró inadecuada, los primeros muy críticos por la presunta falta de información aportada por sus socios socialistas, y los segundos, por considerarla poco ética al recordar que Lafuente rechazó en 2016 ser concejal, con un sueldo medio de unos 40.000 euros anuales, y un año después aceptó ser designado como director de la citada oficina, con ingresos estimados en más de 70.000 euros.

La polémica fue tal que la Junta de Gobierno acabó por cesarlo en mayo de 2017 y abrir un procedimiento de selección de candidatos para la citada Oficina, a la que el propio Lafuente se presentó. La plaza, finalmente, fue para Carmen Vilanova, que hasta la fecha era jefa del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales de la Diputación de Castellón. Juan Ángel Lafuente, por su parte, tiene recurrido su cese ante los tribunales. Pese a este conflicto de fondo, ahora vuelve a ser una de las personas que, por parte de la UJI, se encargarán de controlar el desarrollo de una Cátedra por la que el ayuntamiento abonará anualmente a la Jaume I 75.000 euros, según el convenio firmado en febrero entre el consistorio y la UJI.

Críticas del PP

Para el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, «la Cátedra Ciutat de Castelló impulsada por el ayuntamiento es el nuevo escándalo Lafuente». En un comunicado, el edil del PP considera que «no consiguió enchufarlo en el ayuntamiento para que cobrara un sueldazo de más de 70.000 euros y, ahora, lo hará a través de la UJI, asignando 75.000 euros de dinero público a una Cátedra que él mismo dirige».