La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha aprovechado la junta de seguridad con motivo de las próximas fiestas de Santa Quitèria para pedir al subdelegado del Gobierno, David Barelles, un refuerzo de la vigilancia en el entorno de la plaza Botànic Calduch con más efectivos. La primera edil trasladó a Barelles durante el encuentro la preocupación del vecindario por la inseguridad y los conflictos vecinales que se suceden en las inmediaciones del parque.

La alcaldesa informó al subdelegado de la problemática que le han trasladado numerosos residentes en el Dia del Veí por estos motivos y que apunta a molestias por ruido, suciedad, estacionamiento indebido, peleas, daños al mobiliario urbano y venta de drogas al por menor. «No se trata de dar la espalda al problema, que sabemos que existe, sino de buscar soluciones que, como se ha demostrado, no pasaban por el derribo del bar de la plaza», indicó la alcaldesa.

Galí recordó que el anterior equipo de gobierno del municipio de la Plana Alta gastó 42.047 euros para eliminar este negocio aludiendo a que desaparecería un foco de marginalidad que persiste cuatro años más tarde. «Existe un problema de convivencia y de respeto a las normas, es visible desde fuera y somos conscientes de ello porque me he reunido en varias ocasiones con los residentes que lo sufren», considera la alcaldesa de Almassora.

Las mismas fuentes informaron al subdelegado del Gobierno de la necesidad de actuar en el entorno de la plaza, en coordinación con la Policía Local de Almassora, para minimizar los problemas del día a día en Botànic Calduch «y devolver al barrio la sensación de tranquilidad y sana convivencia» que imperaron décadas atrás. Los agentes municipales, representados en la junta de seguridad por el intendente principal, Roberto Verdoy, y el concejal del área, Roger Beltrán, ya realizan patrullas por la zona para garantizar la seguridad. Sin embargo, el equipo de gobierno entiende que la localidad merece más efectivos para atajar el problema.

Recursos «muy limitados»

«Los recursos que llegan del Gobierno son muy limitados, con una plantilla escasa de la Guardia Civil que trabaja en un cuartel casi centenario en condiciones impropias del siglo XXI, cuya construcción vuelven a olvidar, otro año más, los Presupuestos Generales del Estado», según Galí.

Al margen de vigilancia, el consistorio «trata de buscar elementos de integración entre el vecindario de un barrio que se ha degradado progresivamente», según Galí. Para ello, el Ayuntamiento de Almassora invirtió 55.700 euros el año pasado dirigidos a la transformación de la plaza en zona de juegos adaptada. Este espacio es pionero en la atención a pequeños con problemas de visión y, tras décadas de funcionamiento, ha eliminado las barreras arquitectónicas que dificultaban el acceso de carros de bebé y personas mayores, a menudo encargadas del cuidado de los pequeños.