El presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, ha dejado clara su intención de dilatar en la medida de sus posibilidades el procedimiento abierto para determinar si ha cometido irregularidades en su gestión al frente de la entidad que controla desde hace casi tres años. Estaba citado a las 10 de la mañana en el Palau de la Festa para avanzar en el expediente disciplinario que le abrió en marzo el Consell Rector del Patronato de Fiestas, pero optó por no presentarse al señalar que su abogado tenía ese mismo día otras cuestiones que atender.

Según los argumentos de Bellido, la citación había sido muy repentina, de ahí que su letrado no pudiese organizarse su agenda. Lo cierto es que la notificación, al parecer, no se pudo hacer en mano al estar siempre ilocalizable, lo que obligó la semana pasada a emitir un edicto y a publicar la cita en el propio Boletín Oficial de la Provincia. El gerente del Patronato de Fiestas e instructor del expediente, Vicente Montolío, ya ha dictado una segunda citación, en este caso para el próximo martes 15 de mayo. Eso sí, en el caso de una nueva incomparecencia de Juanvi Bellido ya se advierte que «las actuaciones administrativas seguirán su curso», por lo que el expediente disciplinario seguirá su camino.

Todo ello están enmarcado además por la amenaza de querella que en su día anunció el propio presidente de la Junta de Festes contra algunos miembros del equipo de gobierno, si bien no hay noticia aún de su notificación.

Lo cierto es que las discrepancias y desencuentros entre los órganos de gobierno del ayuntamiento y Bellido han sido una constante desde el final de la pasada Magdalena. El último se produjo el 26 de abril, cuando el Consell Rector de Festes decidió seguir adelante con el expediente disciplinario tras aprobar, por ocho votos a favor y dos en contra, el informe que justifica el rechazo de las dos recusaciones que había realizado Bellido, uno contra el gerente del Patronato, Vicente Montolío, y otro contra la secretaria general del pleno. Fue una reunión breve, apenas 10 minutos, pero sirvió para que se leyese el informe jurídico que considera capacitados para seguir trabajando en el expediente tanto al gerente del Patronato como a la secretaria.

Con ello, Montolío seguía adelante con el expediente disciplinario, abierto el pasado 22 de marzo, por una presunta mala gestión de Bellido marcada por desplantes a cargos públicos -en especial a la concejala Sara Usó-, un incidente con el cónsul de Rumanía, ausencias injustificadas a actos de la Magdalena o la venta de lotería sin tener capacidad jurídica.

En sus alegaciones -rechazadas ya por el Consell Rector- Bellido consideraba que «resulta contrario a las más elementales normas del derecho a la tutela judicial efectiva, y a una defensa con garantías de imparcialidad», que una de las partes afectadas se convierta también «en juez». Se refería en este sentido al origen principal, a su juicio, de la apertura del expediente disciplinario, que es la presunta conducta desconsiderada de Juanvi Bellido con la concejala de Fiestas, Sara Usó, en el acto de entrega de premios de las gaiatas de la pasada Magdalena. «Es evidente que el Consell Rector, presidido por la señora Usó, no es el órgano más adecuado para la incoación del expediente sancionado», Consell Rector que «está contaminado por el evidente interés que tiene en el resultado final de este expediente y por ser su presidenta la afectada principal y causa de su apertura», subrayaba.

Bellido se centraba por otro lado en Vicente Montolío, gerente del Patronato de Fiestas Así, recordaba que Montolío ocupaba un lugar destacado en la candidatura de Javier Gimeno, que fue una de las que fue derrotada por Bellido en las elecciones de 2015. «El señor Montolío tiene un interés personal en el asunto de que se trata», señalaba.

Acciones penales

Juanvi Bellido, tras denunciar que el expediente se ha «rellenado y engordado de manera gratuita», considera que todos los acontecimientos han salido publicados con expresiones que lesionan su dignidad, por lo que de forma paralela ha iniciado «las acciones penales» que le corresponden en defensa de sus «derechos lesionados» y que «responden a una campaña orquestada y dirigida desde le minuto uno» de su nombramiento para apartarlo del cargo, habiendo sufrido «descalificaciones y ataques personales infundados e insidiosos que conviene poner fin de una vez».