La Universitat Jaume I atravesaba hace un cuarto de siglo una complicada situación económica hasta el punto de que, en contra de lo que estaba establecido por las leyes, tenía sus cuentas al descubierto. O sea, la UJI estaba en números rojos.
La universidad castellonense tenía deudas con la oficina principal, la de la calle Caballeros, de la hoy desaparecida Caja de Ahorros de Valencia, Castelló y Alicante (Bancaja). La situación era más grave de lo que a simple vista podía parecer y se temía que, de un momento a otro, tomase cartas en el asunto el Banco de España «dado lo irregular del asunto», se matizaba en la información publicada por Levante de Castelló. Una situación que, además, ponía en entredicho la gestión realizada por el rector, Francesc Michavila, aunque él aseguró que se trataba de una situación provocada por los retrasos en la recepción de fondos públicos, lo que obligó a dejar al descubierto las cuentas para poder pagar las nóminas de los trabajadores.
Precisamente, el problema de los números rojos fue uno de los motivos que obligó a Michavila a mostrarse partidario de adelantar las elecciones al claustro constituyente, que debían celebrarse en 1996; y en el que él no iba a estar€ De hecho, en un artículo publicado el 10 de mayo de 1993, Michavila anunciaba que iba a abandonar su cargo «pronto», y confesaba que estaba «un poco cansado» porque en su lucha de «construir una universidad moderna» no había encontrado demasiados apoyos y, en cambio, sí muchas críticas€
