El gobierno de la Diputación de Castelló, en manos PP con mayoría absoluta, vinculó ayer el pago del plus de carrera profesional a los funcionarios de la corporación provincial, a la amortización de plazas o mayor financiación. El anuncio lo hizo el diputado provincial de personal, Luis Martínez, en el pleno ordinario de la institución en el marco de la aprobación de la modificación de la plantilla y de la Relación de Puesto de Trabajo.
Este punto del orden del día salió adelante con el voto a favor del PP, la abstención del PSPV, Ciudadanos y Compromís, y el voto en contra del diputado de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo. Vallejo justificó su rechazo porque, según él, en el apartado de personal, «el PP adopta los acuerdos de espaldas a los sindicatos y de manera unilateral». En su intervención el diputado de la formación asamblearia sacó a colación la carrera profesional entre los incumplimiento del equipo de gobierno en el capítulo de personal.
El diputado Martínez señaló que el equipo de gobierno no ha aparcado la demanda de los funcionarios sobre el pago de la carrera profesional. «Se esta trabajando sobre el modelo del Ayuntamiento de Valencia», dijo. «Pero hay que recordar que allí se aplicó tras la amortización de 800 plazas», precisó. «Aquí se hizo una propuesta de eliminar las productividades a cambio de la carrera profesional, pero los trabajadores la rechazaron por ser ridícula». «Seguimos abiertos a la negociación y la revisión del reglamento. Pero aquí, de momento, no hay plazas para amortizar ni posibilidades de mayor financiación debido a las restricciones presupuestarias que marca el ministerio de Hacienda», argumentó.
La medida afectaría a unos 570 trabajadores de la corporación provincial (funcionarios y interinos) y sólo quedarían excluidos los eventuales, es decir la nómina de 27 asesores, según datos facilitados por el presidente de la Junta de Personal, Vicente Mor, del sindicato CSIF.
El plus de la carrera profesional es una promoción horizontal en función de una serie de parámetros, como antigüedad (un mínimo de seis años), cursos de formación del trabajador y evaluación de puesto. El acuerdo para aplicar la carrera profesional, ratificado por el pleno de la corporación en febrero de 2017,está pendiente de su aplicación desde 2014.
Por otro lado, el pleno de la diputación rechazó, merced a la mayoría absoluta de PP, dos mociones del grupo de Compromís. Compromís reclamaba, reclamaba, primero que la Diputación establezca un sistema de cesión de elementos promocionales y mobiliario para que los municipios que lo soliciten puedan disponer de este servicio en la celebración de eventos que se incluyan en la Ruta del Sabor. El PP dijo que los ayuntamientos que celebran cualquier tipo de feria, pueden dirigirse a la Diputación para solicitar estos elementos. Y, por otra parte, que la Diputación encargue un estudio sobre la gestión de los purines de las granjas de la provincia. Según el equipo de gobierno, este estudio ya se está haciendo e, incluso, ya se ha firmado un convenio menor con la Unió de Llauradors.
El pleno también aprobó una declaración institucional, suscrita por los cinco grupos, de apoyo a las víctimas de la recién disuelta banda terrorista ETA. El documento reconoce el esfuerzo las fuerzas de seguridad y pide que aclaren los 300 asesinatos aún pendientes en los juzgados.
