Había que afinar la lupa en 2011 para encontrar un municipio de más de 20.000 habitantes en la Comunidad Valenciana que no estuviera gobernado por el Partido Popular. Las elecciones municipales arrojaron porcentajes de apoyo a las alcaldías del PP de más del 45 % por regla general. El escenario era similar en Les Corts y en la Generalitat, donde Francisco Camps llegó a proclamarse «el candidato más respaldado de la historia de las democracias occidentales», apenas tres meses antes de los comicios y con el caso de los trajes acechando en el horizonte.

En Vila-real, el PP obtuvo el 43 % de los votos, 12 concejales de 25. Pero se dejó la mayoría absoluta por un solo edil y el resto de formaciones se puso de acuerdo para crear un pacto de gobierno pionero. PSPV, el Bloc, Iniciativa per Vila-real y Esquerra Unida conformaron un pacto de gobierno que mostró el camino a lo que vendría cuatro años después. Un acuerdo en el que tuvo un papel fundamental Pasqual Batalla.

Con ese bagaje y el clima electoral de 2015, las elecciones municipales dieron mayoría absoluta al PSPV con casi el 44 % de apoyos y 13 concejales, mientras que el PP obtuvo 6 ediles (22 % de los sufragios) y Compromís, 4. Ciudadanos aparecía en escena con dos concejales y el 7 % de los votos. La candidatura d´Esquerra Unida-Acord Ciutadà se quedó en el 4,88 % de los votos y sin representación en el pleno municipal.

Cabe destacar que aunque se inició un proceso para conformar una candidatura de confluencia en el entorno político de Podemos, finalmente no cuajó y no se presentó una lista.

De esta manera, no se puede desligar el actual pacto de gobierno de PSPV y Compromís de aquel primer pacto de 2011 en el que fuerzas como Iniciativa o el Bloc llegaron a presentarse por separado.

Vila-real se convirtió en un referente para los partidos de izquierda y en un desafío para el Partido Popular, que dominaba por completo las instituciones. Más si cabe desde la victoria de Mariano Rajoy en las generales de noviembre de 2011.

El equipo de gobierno se consideraba perjudicado tanto por la Generalitat como por la Diputación de Castelló con una reivindicación compartida por el resto de municipios: la deuda de la Generalitat.

Sin embargo, el contexto actual sí que ha beneficiado a los objetivos políticos, aunque también ha afilado la puntería de la oposición. Es indudable que la sintonía con el Consell ha propiciado la llegada de la Escuela Oficial de Idiomas, el impulso a los planes de empleo, la municipalización de los servicios sociales, así como se han acabado con carácter general los problemas de deuda de la administración valenciana con los municipios; una senda iniciada ya por Alberto Fabra en 2014.

No obstante, Vila-real mantiene como reivindicaciones ante el Consell la construcción de la Ronda sudoest y su conexión con la N-340, que dé «una entrada digna a la ciudad por el sur», como se refirió a ella el alcalde, José Benlloch.

A este respecto, cabe apuntar también que el primer edil inició esta legislatura como portavoz del grupo socialista en la Diputación de Castelló y se mostró muy crítico con sus compañeros políticos por no haber conseguido transformar las expectativas en votos para arrebatar esta institución al PP.

Tras más de dos años como portavoz, Benlloch expuso su proyecto de diputación para que fuera validado por la militancia en las primarias provinciales, pero no obtuvo su respaldo y dimitió. Aún así, Benlloch puede atribuirse como mérito el haber desactivado la barrera de los 20.000 habitantes para el reparto de fondos que impuso el presidente de la diputación, Javier Moliner en los dos primeros años como contraposición a la pérdida de las alcaldías en las ocho principales ciudades de la provincia de Castelló.

En el año que resta, indudablemente el peso de las resoluciones judiciales sobre el urbanismo de la época de la burbuja inmobiliaria puede marcar la estabilidad del presupuesto y alterar los planes económicos municipales.

Esta misma semana, el alcalde informó que en el primer trimestre el Ayuntamiento de Vila-real ha cumplido con los parámetros económicos. Un respiro sin duda para unas cuentas al borde de la intervención por parte del Ministerio de Hacienda, que tiene que validar aún el plan económico-financiero basado en los presupuestos pendientes de aprobar y que una nueva oleada de sentencias podría abocar a una situación insostenible.

Un escenario que condicionaría sobremanera un panorama político dominado por el pacto de gobierno actual.