Ramón Pardo, Castelló
Castelló contará con una oficina consular rumana a partir de este otoño, atendida por un funcionario de carrera, que debe designar el Gobierno de Rumania. La elección de esta opción en detrimento de la, también barajada, de designar un cónsul honorario fue acordada en las últimas horas de la estancia en España del diputado nacional del Partido Demócrata rumano, William Gabriel Brinza, que ayer mismo mantuvo una reunión con el vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, así como el secretario de la Cámara Alta, el portavoz popular y los senadores castellonenses, Juan José Ortiz y Carlos Murria.
La decisión de fijar una sede consular en Castelló viene derivada de la concentración en la provincia de unos 60.000 rumanos que precisan una atención especializada para solventar distintas tramitaciones burocráticas. Por ello, tal como indicó ayer Miguel Llorens, asesor del presidente de la Federación de Asociaciones Rumanas de Castelló, Daniel Ionita, es necesario dotarles de una cobertura importante y con mayores competencias que las que podría prestar un cónsul honorario, figura que también se barajó por los dirigentes de aquel país del este europeo.
A la hora de adoptar la decisión final, apunta Llorens, se «ha optado por atender la demanda que plantea y exige la comunidad rumana residente en nuestra provincia y que le ha sido traslada a William Brinza, que se ha mostrado receptivo y nos ha trasladado su intención de plantear esta solución a los dirigentes de su país». Se trataría de abrir la sede diplomática en Castelló sin que ello sea óbice para que, en un futuro, se traslade a Valencia recuperándose para la capital de la Plana el consulado honorario.
Con la medida se busca también operatividad, apunta Llorens, dado que actualmente el consulado de Rumania en Barcelona traslada a un funcionario un par de días al mes para dar cobertura a la amplia comunidad rumana residente en Castelló.
Cabe recordar que la estancia de Brinza en Castelló, iniciada el pasado viernes, estuvo marcada por las reuniones con el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, y el presidente de la corporación provincial, Carlos Fabra, con quienes pudo abordar las necesidades de la comunidad rumana en la provincia y el futuro de ésta con la entrada en la Unión Europea.