Levante de Castelló, Castelló
El grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes-Iniciativa per Cataluña promovió ayer el debate en el pleno del Congreso alrededor de la corrupción de la política urbanística en el litoral, tras el escándalo registrado en Marbella. La diputada valenciana Isaura Navarro, de IU, presentó un dossier con las que, a juicio de la formación que representa, constituyen las pruebas de la presunta corrupción en la Comunidad Valenciana. La receptora de las críticas, por parte del Gobierno, fue la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
Durante su intervención, Navarro apuntó que «Castelló es el paradigma de la marbellización» y puso el ejemplo del programa de actuación integrada de Mundo Ilusión. Desde la tribuna del Congreso, la diputada reveló la existencia de dos concejales del PP en el Ayuntamiento de Cabanes contratados por la empresa adjudicataria del PAI, Marina d'Or, así como dos hijos de ediles del PSOE de la misma corporación y la secretaria general del partido socialista en Orpesa, también en la nómina de la misma sociedad. Concejales que votaron a favor de la adjudicación a la firma del PAI, un proyecto que supone la urbanización de más de 20 millones de metros cuadrados de suelo. Navarro instó al Gobierno a investigar y adoptar medidas para evitar perjuicios futuros, como en el caso marbellí.
La parlamentaria de IU resaltó también otro caso de presunta corrupción político-urbanística en Castelló, el de Burriana, a cuyo alcalde, Alfonso Ferrada, del PP, consideró un elemento del «imperio inmobiliario» que, según explicó, maneja el presidente de la Diputación en Castelló y líder provincial del PP, Carlos Fabra, triple imputado en los juzgados de Nules de supuestos delitos fiscal, contra la Administración y de falsificación documental. «Marbella es la costa española, y hay marbellas grandes y pequeñas, pero todas con el mismo común denominadora», recalcó.
El Gobierno promete
María Antonia Trujillo terció en la política con argumentos sobre el «techo competencial» del Gobierno frente a las comunidades autónomas. Sin entrar en detalle de ninguno de los casos revelados por Navarro, la ministra se limitó a exponer las medidas planificadas por el Ejecutivo central para «cambiar el panorama», frenar la degradación del litoral y, por consiguiente, poner trabas a los intentos de corrupción ligados a la construcción en la costa.
En ese sentido, defendió el anteproyecto de Ley del Suelo como principal garantía para el desarrollo racional del urbanismo costero y anunció la aprobación, a corto plazo, de medidas «coordinadas y transversales» entre los diversos ministerios del ámbito económico. También garantizó que «la ley recaerá sobre quienes pretendan lucrarse con prácticas ilegales».
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