J. Antequera, Castelló
La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules que ordene una investigación a fondo en 10 bancos y cajas de ahorro de Castelló para determinar el origen de al menos 67 transferencias bancarias que en el año 1999 se realizaron, por un importe de 449.632 euros, a nombre del presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra.
La organización que defiende los derechos de los consumidores basa esta petición en el impulso que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló dio al caso Fabra el pasado 28 de febrero, cuando dictó un auto ordenando nuevas pruebas. Los abogados de UCE se apoyan también en el informe que los inspectores de Hacienda han elaborado sobre la declaración de renta del líder del PP del año 99, en la que han hallado indicios de un supuesto delito fiscal.
En el escrito, los letrados solicitan que el juzgado se dirija a las oficinas bancarias que participaron en las operaciones financieras en las que aparece Fabra y les reclame los nombres de las personas que trabajaban como directores y cajeros de las sucursales en aquella época. El objetivo final de esta prueba es que presten declaración todos los responsables y empleados de las entidades que pudieron tener contacto con los ingresos millonarios que ese año se realizaron a nombre de Carlos Fabra. La información financiera que pide la UCE se completa con la petición de que se aporten todos los soportes contables de los ingresos en efectivo correspondientes a esas 67 transferencias bancarias.
Finalmente, la UCE solicita a la juez que cite a declarar en calidad de testigo al inspector de Hacienda responsable del informe que puso al descubierto graves irregularidades contables y financieras en la declaración de la renta del presidente de Castelló.
Empresarios de Murcia y Almería
Asimismo, a la UCE le interesa la declaración como testigo de dos empresarios de Murcia y Almería que en su día aseguraron haber realizado pagos millonarios al empresario Vicente Vilar, quien mantuvo en el juzgado que parte de estas cantidades iban a parar a las cuentas de Fabra como pago por sus mediaciones políticas en el Ministerio de Agricultura. Se trata de José Gabriel Muñoz -que ya fue citado por el juzgado y que no ha sido localizado aún- y de José Moreno Navarro, cuyo nombre salió a relucir en la declaración que el 3 de marzo de 2005 prestó otro empresario, Manuel Domingo Ruiz, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Roquetas de Mar. Ruiz aseguró en el juzgado que Moreno estuvo presente cuando se entregaron 11 millones de pesetas a Vilar, quien insiste en que ese dinero sirvió para pagar favores políticos al líder provincial del Partido Popular.
La lista de testigos que pide la UCE se completa con la declaración de Jesús Saro Boardman, presidente de la empresa mexicana Fabro, quien podría explicar el contenido de una serie de faxes que cruzó con Vilar, en los que supuestamente aparece el nombre de Carlos Fabra.
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