Nacho Martín, Castelló
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial precisó ayer que el expediente enviado por el PP refleja únicamente «una irregularidad administrativa que posteriormente fue corregida a raíz de un recurso de reposición del grupo socialista y del detallado y acertado informe jurídico de la vice-interventora municipal».
Desde su punto de vista, la documentación del expediente no resulta suficiente para abrir una causa penal. «Con la documentación que se me ha remitido y actualmente tengo en mis manos no abriría la vía penal. Sería necesario tener hechos nuevos y nueva documentación para actuar por lo penal, que es algo muy diferente de lo administrativo».
Eso sí, el fiscal jefe apuntó que si el PSPV cumple su anuncio y envía documentación añadida ésta «será investigada en profundidad igual que se ha hecho con el expediente que se me remitió desde el ayuntamiento». Cabe recordar que el Grupo Municipal Socialista anunció la semana pasada que remitiría al fiscal más documentación para que investigue un presunto «intento de fraude fiscal y falsedad documental».
Respecto a la supuesta falsificación de documentos, Arias constató que por lo menos existen irregularidades administrarivas. «Como mínimo, el documento al que se hace referencia es irregular desde el punto de vista administrativo». Dicha afirmación alude a uno de los documentos que, según el PSPV, «fueron falsificados» para solicitar la exención de impuestos por la obra en cuestión en nombre del Hospital General.
A pesar de este documento, Arias insistió que el expediente refleja únicamente «una irregularidad administrativa que posteriormente fue corregida a raíz de un recurso de reposición».
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló remitió el pasado 3 de mayo a la Fiscalía de la Audiencia los expedientes del aparcamiento del Hospital General para defender que el PP sólo cometió «un error administrativo» y no está vinculado a la presunta falsificación de documentos que justificaron la exención de un impuesto de 280.000 euros a la empresa adjudicataria.
El PP efectuó el envío de documentación después de que el PSPV solicitara a la Comisión Informativa de Urbanismo nuevos documentos del expediente para investigar qué personas estuvieron involucradas en el presunto «intento de fraude».
La oposición había sacado a la luz en el pleno de la semana pasada dos documentos posiblemente «falsificados» y supuestamente signados por orden el director del Hospital General, Ramón Jiménez. En ambos casos, los portavoces oficiales del hospital aseguraron que el centro ni emitió ni conocía tales escritos. La intención de los mismos era obtener la declaración de interés municipal para lograr así la bonificación de un impuesto millonario. De hecho, ambos sirvieron de justificante al PP para imponer en el pleno de meses atrás la exención de impuestos a la constructora del aparcamiento finalmente revocada.
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