Nacho Martín, Castelló
Los dos grupos municipales de la oposición (PSPV y Bloc) solicitaron ayer de forma oficial que el ayuntamiento cree una comisión de investigación al objeto de aclarar «el contenido y las alteraciones que se han producido en el expediente de Centre Ciutat Castelló». Dicho organismo estaría formado por representantes de los tres partidos políticos del consistorio (PP, PSPV y Bloc) y su máximo contenido sería sacar a la luz quién intentó manipular la gerencia de Centre Ciutat Castelló con una persona «próxima al PP» y quién «alteró» el expediente público del pleno para responsabilizar a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Castelló (Pymec). A última hora de la tarde, el PP decidió no dar su versión de los hechos, pese a haber anunciado un comunicado de prensa con su posición política.
Los grupos municipales han reclamado esta comisión después de sacar a la luz un documento que, según denuncian PSPV y Bloc, revelaría que el gobierno local pretendía introducir a una persona «próxima al partido» como gerente de la sociedad Centre Ciutat Castelló.
Paradójicamente, el PP se defendió responsabilizando públicamente a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Castelló (Pymec) de ser la autora del documento.
Esta acusación fue desmentida inmediatamente por la Pymec, que ha puesto el caso en manos de sus abogados y anunció que el lunes 4 de diciembre ofrecería una rueda de prensa en el ayuntamiento para constatar su versión frente a los portavoces del gobierno local.
Pese a ello, la Pymec confirmó ayer que el gobierno local suspendió la rueda de prensa conjunta y el portavoz del PP, Miguel Ángel Mulet, remitió el viernes un comunicado en nombre de Pymec en un intento de corroborar la versión del PP. La respuesta del colectivo de la pequeña y mediana empresa ha sido clara: «Pymec no realizó dicho comunicado y tampoco estuvo al corriente del contenido del mismo». Ahora, la oposición exige al alcalde que investigue quien introdujo un documento de Cèntrics (perteneciente a Pymec) junto al informe que exigía la gerencia de la mercantilpara una persona «próxima al partido».
Esta polémica constituye un capítulo añadido a la incertidumbre que surgió cuando, un mes atrás, un informe del secretario advirtió que el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, había adquirido irregularmente en nombre del ayuntamiento 424 acciones de la sociedad Centre Ciutat Castelló. Según constató el secretario, dicha operación carece de validez jurídica porque la mercantil no se considera de interés público.