David Pérez, Castelló
El Partido Popular remitirá hoy al Tribunal Supremo (TS) las rúbricas recogidas desde el pasado viernes en las calles de Vila-real y del resto de la provincia para intentar que el Gobierno Central indulte al alcalde, Manuel Vilanova, sobre quien pesa una condena de 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Así lo aseguraron ayer a este periódico fuentes cercanas al político popular.
El segundo flanco jurídico de la estrategia diseñada por sus abogados se dirigirá a la Audiencia de Castelló. Vilanova pedirá también hoy que se suspenda la ejecución de la pena de inhabilitación hasta que el Ministerio de Justicia, en último extremo, resuelva si acepta el indulto o confirma el fallo del TS. Según admitieron fuentes próximas al alcalde, no sería nada descabellado que esta última petición coincidiera en el mismo día con la notificación de la ejecución de la pena de inhabilitación que la propia Audiencia de Castelló cursará en esta semana a Vilanova para que abandone el sillón de la alcaldía. Un galimatías judicial que prolonga la incertidumbre institucional que se palpa en el consistorio desde hace más de una semana.
La estrategia judicial de los letrados de Vilanova se inspira claramente en un caso idéntico que sucede estos días en el pequeño municipio de Agost. Allí, tal y como ayer informó este rotativo en su página 20, la Audiencia de Alicante paralizó la semana pasada la ejecución de la sentencia del TS que inhabilitaba durante seis meses a aquel alcalde -el independiente Felip Vicedo- por cerrar hace años una planta incineradora de residuos sanitarios. La única diferencia es que el aún primer edil de Agost ha anunciado su abandono de la política mientras Vilanova no desea apearse de la carrera electoral para revalidar el cargo en mayo de 2007.
Fuentes cercanas a Vilanova aseguraron que, al margen de la doble vía judicial ante el Gobierno y la Audiencia para no dejar la vara de mando, el alcalde presentará en un plazo máximo de 10 días el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que deje sin efecto el fallo del TS. En este caso, las probabilidades de éxito son mínimas ya que Vilanova nunca denunció indefensión durante los ocho años que se prolongó el llamado Caso Rocersa.
La estrategia de mantener a Vilanova en el sillón de alcalde a toda costa y vincular la elección de candidato al pronunciamiento del Gobierno Central sobre el indulto podría entrañar un gran riesgo electoral para el PP. Manuel Vilanova ejercería de alcalde provisional hasta que el Consejo de Ministros decida si le indulta o confirma la pena, una decisión sin fecha concreta. En la hipótesis más negativa para el PP, el Gobierno podría denegar el indulto bien entrado el año 2007 y entonces el PP se vería forzado a jubilar con prisas a Vilanova y encumbrar como candidato al actual portavoz, Juan José Rubert, sin tiempo material para promocionar un cambio de tanto calado ante la ciudadanía.
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