El PP tramita pagos irregulares de 720.000 euros pese a los reparos de la Intervención

Nacho Martín, Castelló

El PSPV denunció ayer que la concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Castelló aprobó ayer el pago de 720.000 euros en facturas sin contrato y no presupuestadas a pesar de que existían informes desfavorables del interventor municipal.
Tal como explicó la edil socialista Josefina Gimeno, las resoluciones oficiales de la Intervención municipal revelan que dichos pagos (tramitados como un reconocimiento extrajudicial de crédito) no cuentan con los justificantes exigidos por la legislación e incumplen las bases de ejecución presupuestaria del ayuntamiento.
Al margen de lo que establece la legislación nacional, la propia normativa del ayuntamiento exige que cualquier factura sin contrato o no presupuestada se presente junto a un documento que acredite la prestación y un informe técnico que justifique la necesidad, urgencia y proporcionalidad del gasto.
Gimeno denunció ayer que el gobierno local no ha dudado en aprobar el pago recibos por valor de más de medio millón de euros (720.000 euros) «a pesar de que no presenta los mínimos documentos justificativos» exigidos por la ley. «La concejalía de Hacienda de este ayuntamiento demuestra un grave descontrol en el gasto de sus distintas áreas y está manipulando toda la normativa legal».
La operación impuesta por el PP pasará el próximo viernes por la Junta de Gobierno Local e incluirá un total de 142 facturas, algunas de las cuales llegan a superar los 100.000 euros. Los distintos pagos obedecen a diferentes encargos no presupuestados para realizar tareas diversas: servicios de limpieza, revisión de precios de seguros de vehículos, transportes varios o mobiliario para eventos públicos.
La polémica no es nueva. El grupo municipal socialista impugnó el pasado mes de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) las bases de ejecución presupuestaria que permitirían al Partido Popular legalizar el pago de contratos verbales sin concurso público previo y a espaldas del pleno de la corporación.
Los responsables del PSPV decidieron interponer el recurso tras comprobar que el grupo popular mantiene la intención de otorgar a la Junta Local de Gobierno la potestad de legalizar contrataciones «a dedo» de forma discrecional. La impugnación socialista sólo hace referencia a la base de ejecución número 17 (la referida al reconocimiento de pagos) y permite el desarrollo normal del resto de disposiciones. A fecha de hoy, el caso sigue en manos del TSJ.