Jordi Ruiz, Castelló

Los incidentes protagonizados el martes por un grupo de radicales del Partido Popular, con motivo de la visita a Castelló del socialista José Blanco, desataron ayer un aluvión de reacciones políticas. El PSOE exigió al líder del PP, Mariano Rajoy, la dimisión de los militantes y cargos populares implicados en la protesta, que obligó a intervenir a la Policía Nacional.

Entre los manifestantes que se congregaron frente al Teatro Principal de Castelló, y que profirieron gritos de «asesino» a Blanco, entre otras lindenzas, se encontraba el presidente provincial de Nuevas Generaciones y miembro de la ejecutiva del PP, Mariano Sardina. También otros destacados dirigentes de la organización juvenil, como el gerente provincial, Héctor Escrig, y el presidente local, Martín Serrano. Asimismo, acudió la concejala de Forcall, gestora técnica del Instituto de Restauración y gerente de la Fundación Blasco de Alagón, Laura Peñarroya.

En un comunicado, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE denunció la «gravedad de los hechos» y exigió a Rajoy que «condene y corte de raíz los intentos de linchamiento a los cargos socialistas por parte de miembros del PP» que «rebasan los márgenes de lo legalmente permitido» . Pidió que suspenda de militancia al presidente de Nuevas Generaciones, Mariano Sardina, y que abra una investigación interna para determinar qué militantes y cargos de este partido se vieron implicados.

En la misma línea se expresó la vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Isabel Escudero, quien trasladó la misma exigencia al presidente regional del PP y de la Generalitat, Francisco Camps. «Es un acto de conducta antidemocrática que no debe consentir» . Escudero también destacó la presencia de Mariano Sardina y añadió la de Laura Peñarroya. Consideró que Camps debe «expulsar del partido a esos cargos, que están utilizando conductas antidemocráticas y el todo vale» . Le reclamó asimismo que «desmovilice a la gente de su partido que está intentando llevar a la calle contra la democracia y la falta de cordura y seriedad» .

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Castelló, Juan María Calles, tildó el incidente de «lamentable» y cree que demuestra que el PP de la capital «está nervioso porque sabe que está perdiendo su mayoría absoluta» .

El PP de Castelló respondió con una nota de prensa en la que expresó su «indignación» por el trato «vejatorio» que recibieron por parte de la las fuerzas de seguridad «las personas que voluntariamente y en defensa de la libertad de expresión propia de un país democrático acudieron a manifestarse» . Denunció «la actuación excesiva» de los agentes policiales que «bajo órdenes de la Subdelegación del Gobierno, cachearon y pidieron la documentación, como si de delincuentes se tratara, a las personas que allí se congregaron, que únicamente hicieron un libre ejercicio de protesta ciudadana y que no agredieron a nadie».

El PP manifestó que los concentrados «no eran únicamente simpatizantes del PP, sino ciudadanos de todas las tendencias políticas, incluso simpatizantes del PSOE, que únicamente mostraban de manera pública el rechazo hacia una decisión política, sin protagonizar ninguna agresión e incidente".

Criticó que «se pase por alto que familiares directos de concejales socialistas estuvieron protestando y profiriendo gritos en la puerta del centro La Marina durante la presentación» de la candidatura de Alberto Fabra.

Por su parte, el vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, afirmó que las críticas vertidas por los dirigentes socialistas demuestran una «doble moral» , dado que ellos han «intentado boicotear» actos de los populares.