R. Pardo,
Castelló
La Diputación de Castelló ha abonado los 21.000 euros de las costas judiciales a que le han condenado tanto el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Castelló como la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castelló. El primero desestimó una demanda de la institución contra la Ser y la audiencia ratificó la sentencia del juzgado condenando a en ambos casos al pago de los gastos procesales.
El procedimiento está vinculado con las informaciones surgidas en torno al llamado Caso Fabra y se remonta a marzo de 2004.
El portavoz del grupo Socialista, Francesc Colomer, anunció que su grupo va a solicitar en el pleno que los servicios jurídicos de la casa elaboren un informe para determinar si es justificable este proceder. Y es que considera que
«no está clara esta socialización de los gastos judiciales».
En el pasado mandato, tanto el Bloc como el PSPV criticaron en un pleno que la diputación pagase las costas de la defensa de Carlos Fabra cuando se trataba de asuntos particulares.